En aplicación de esta resolución, todas las entidades públicas existentes en la isla, así como 13.526 habitantes, tenían que dejar definitivamente la isla de Muisne y ser ubicadas en la parte continental. Entre las entidades públicas que fueron reubicadas fuera de la isla se incluyen centros educativos, algunas dependencias públicas y se desmantela lentamente el Hospital de la isla y se lo traslada al continente.

Esta Resolución sorprendió e indignó a los habitantes de la isla de Muisne, ya que, a más de carecer de un adecuado sustento técnico, el gobierno liderado por el economista Rafael Correa, que impulso el desalojo, por otra parte, alentaba proyectos turísticos para élites.

Las condiciones de vida en Muisne son muy difíciles y complejas, pues su población está entre las poblaciones más empobrecidas del país, carece de agua potable y la disposición de los desechos sólidos se los hace a cielo abierto. y esta situación se ha agudizado por la decisión gubernamental y municipal de dejarnos abandonados a nuestra suerte, sin siquiera preparar un plan de evacuación para posibles emergencias, negándoles todo tipo de ayuda humanitaria oficial.

Desde la Mesa de Comunidades, Organizaciones e Instituciones de la Sociedad Civil de la Comuna de la Isla de Muisne, queremos expresar nuestro profundo malestar ante un desalojo sistemático, permanente y disimulado de nuestra isla de Muisne. Consideramos que las instancias nacionales limitan nuestras demandas y por ello decidimos acudir a instancias internacionales para exigir nuestros derechos al agua, al hábitat y al trabajo.

Como pueblo originario, habitantes del manglar, invocamos nuestro derecho constitucional a “No ser desplazados de sus tierras ancestrales”, y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas a no ser desplazados, sin nuestro consentimiento, libre, previo e informado.

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