El Caso Furukawa desnuda a un Ecuador indolente, racista y mentiroso

Texto: Diego Cazar Baquero / La Barra Espaciadora / @dieguitocazar

Fotos: Ivan Castaneira / Agencia Tegantai / @i_chido

Un año después de que el llamado Caso Furukawa se difundiera, evaluamos el tratamiento que el Estado ecuatoriano le ha dado. ¿Cómo viven los abacaleros y abacaleras que todavía trabajaban en condiciones precarias para la empresa japonesa? ¿Por qué la compañía continúa operando? ¿Cuáles han sido las respuestas del Estado ecuatoriano a la comunidad internacional?

Más de 1 244 abacaleros y abacaleras de los campos ecuatorianos y sus familias han sido víctimas de modos de precarización laboral que constituyen una forma contemporánea de esclavitud, desde 1963 hasta hoy. A pesar de que organismos internacionales han llamado la atención a Ecuador, esas personas sometidas a servidumbre no han recibido ningún tipo de reparación y la empresa Furukawa continúa operando impunemente. Sin embargo, las autoridades del Estado aseguran que todo está resuelto.

Un año de verborrea, 57 de impunidad

Cuando supimos que en los campos de la costa ecuatoriana había esclavos nos conmovimos. El lunes 18 de febrero -hace ya más de un año- la Defensoría del Pueblo difundió un informe que mostraba uno de los casos de violación de derechos humanos más grave de la historia de Ecuador. Los medios locales y nacionales replicaron imágenes de niños y niñas trabajando entre palmas de abacá, ancianos y ancianas hacinados en galpones que lucían como establos, cientos de hombres y mujeres analfabetos que habían nacido y crecido en medio del campo y no tenían siquiera registro de identidad.

Los testimonios daban cuenta de un sistema macabro de explotación que Unesco reconoce como servidumbre de la gleba y que es considerado un delito en todo el mundo, pues constituye una forma contemporánea de esclavitud de acuerdo con la Convención de 1956 de la ONU.

Informes del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), del Ministerio de Salud o del Ministerio de Trabajo, entre otros, permitieron identificar 31 incumplimientos que configuraron violaciones a los derechos humanos y posibles delitos penales, como trabajo infantil; niños, adultos y adultos mayores sin inscripción de nacimiento; analfabetismo mayoritario; mutilaciones y discapacidades como producto del trabajo forzoso; impedimentos de libre movilidad; intermediación laboral y ausencia total de servicios básicos. Los casos documentados en La Barra Espaciadora y Plan V desde entonces develaron todo un sistema de sometimiento implementado desde 1963 por una empresa agroexportadora con participaciones accionarias de Filipinas y Japón, y asentada en Ecuador, cuyo gerente en ese momento era el abogado Marcelo Almeida, quien además ostenta hasta la fecha el título de cónsul honorario de Noruega en Ecuador. 56 años de esclavitud en un país en el que la manumisión de esclavos se decretó en 1851. Y ahora, 57 años de violencia sistemática bajo el amparo que otorgan la impunidad oficial y los cargos diplomáticos.

La servidumbre de la gleba es “la condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición”. Es esto, precisamente, lo que encontramos en las 2 300 hectáreas de propiedad de Furukawa.

Walter Klinger tiene 65 años, trabajó en la empresa Furukawa desde 1970 y hoy espera que le sean reconocidos sus derechos violentados. Foto: Iván Castaneira.

Con semejante revelación, lo más sensato habría sido que el Estado en pleno cerrara filas en contra de toda práctica de esta naturaleza, e implementara medidas inmediatas para sancionar, corregir y remediar. Sin embargo, un año después, nada de eso ha ocurrido. Las más altas dignidades han mirado hacia otro lado y han permitido­ ­–mediante silencios, evasivas, mentiras o desidia- que los dueños de Furukawa demolieran las precarias construcciones donde hacinaban a sus agricultores durante décadas, aun cuando la Fiscalía General del Estado lleva adelante un proceso de investigación penal y aunque esos actos impliquen borrar las evidencias de un posible delito en plena etapa de indagación. Además, en julio del 2019 -a cinco meses de que el caso se conociera-, el Ministerio de Gobierno publicó un video en el que aseguró que ya se habían atendido las irregularidades y practicado reparación integral a favor de las víctimas.

Las autoridades estatales permitieron, además, que la empresa reabriera y operara impunemente luego de una suspensión y cierre de apenas 60 días, y de una multa de 177 840 dólares relacionados con irregularidades laborales. Sí, menos de 200 000 dólares por haber violado los derechos de al menos 1 244 abacaleros –según censo del MIES- y de sus familias.

Sobre esas acciones pobres y ante la serie de inacciones, las autoridades del gobierno ecuatoriano construyeron un mensaje que redujo el caso a un conflicto laboral simple que podría solucionarse, según sus declaraciones, a través de procesos de mediación entre las partes. Bajo esta figura, funcionarios del Ministerio de Trabajo atestiguaron e incluso auspiciaron pagos por parte de la empresa entregados a algunos campesinos abacaleros a cambio de su silencio. Luego de que pudimos obtener los documentos que los trabajadores debían suscribir bajo persuasión, aun cuando muchos de ellos no saben leer ni escribir, y de que presenciamos junto a la abogada de Cedhu Patricia Carrión cómo la subsecretaria del Ministerio del Trabajo Sharian Moreno coparticipaba en una reunión “de mediación” entre los trabajadores esclavizados y los mismos administradores de la empresa cuestionada por ser esclavista, solicitamos respuestas de parte de ese Ministerio.

Luego de aproximadamente diez meses, la funcionaria Moreno respondió a través de un correo electrónico del 2 de marzo del 2020, pues a pesar de nuestra insistencia durante todo el año, nunca el Ministerio mostró la disposición que el caso amerita para concedernos una entrevista presencial.

“Mediante documento No. MDT-DSG-2019-13304-EXTERNO ­–reza la contestación-, de 24 de junio de 2019, ciento treinta y un (131) personas auto denominadas miembros de la Asociación Esperanza Un Nuevo Amanecer, solicitaron al Ministerio del Trabajo realizar el cálculo de liquidaciones laborales correspondientes a los años trabajados en la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador por lo cual, considerando que las partes debían acordar el tiempo de servicio prestado o en su defecto la empresa reconocer la relación laboral, se puso a disposición el Centro de Mediación del Ministerio del Trabajo, en concordancia además con la solicitud efectuada por las partes en la Mesa de Diálogo el 28 de mayo de 2019.

“A pesar de haber puesto a disposición de las partes el referido Centro de Mediación, la empresa señaló su negativa de reconocer relaciones laborales con los peticionarios, por lo que este Ministerio, en el ámbito de sus competencias, no dio inicio a ninguna mediación por cuanto el reconocimiento de relaciones laborales individuales le corresponde privativamente al juez de trabajo, para lo cual es indispensable acudir a la justicia ordinaria, conforme así lo prevé la jurisprudencia constitucional.

“En este sentido, no existen actas de mediación suscritas entre representantes de la empresa en cuestión y sus ex trabajadores, por cuanto no se realizó ninguna mediación en virtud de las razones expuestas en el párrafo anterior.

“Todos los procesos de mediación y diálogo social que se sustancian ante esta cartera de Estado tienen como finalidad ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos sin costo alguno, ayudando a solucionar controversias entre empleadores y trabajadores, respecto a derechos determinados y transigibles, siendo  estos procesos iniciados y aceptados voluntariamente por las partes”.

Más allá de que los funcionarios de los ministerios de Gobierno y de Trabajo trataron a este hecho como “un acuerdo entre privados” o como un simple asunto “de derechos laborales”, como aseguró en un tuit dirigido a mí Amelia Ribadeneira -la jefa de Despacho de la ministra de Gobierno, María Paula Romo-, la respuesta del Ministerio de Trabajo prueba, por un lado, que el Estado esperaba que “las partes” se pusieran de acuerdo como si la relación entre ellas fuera horizontal y gozaran de igualdad de condiciones. Como si se tratara de “controversias entre empleadores y trabajadores, respecto a derechos determinados y transigibles”, cuando a todas luces estamos frente a una violación sistemática de derechos fundamentales. Por otro lado, esta respuesta confirma una vez más que “se puso a disposición el Centro de Mediación del Ministerio del Trabajo” y que “la empresa señaló su negativa de reconocer relaciones laborales con los peticionarios”, es decir, con los abacaleros esclavizados por esa misma empresa, mediante mecanismos que no los reconocían en nómina ni cosa parecida, precisamente para consumar la violación de derechos en la que ha incurrido. Estos detalles configuran una desigualdad escandalosa que no concibe un acto de mediación, pues no es posible mediar entre partes distanciadas por la brecha del analfabetismo, del poder del más fuerte sobre el cuerpo del más débil, o del respaldo de toda una estructura corporativa y estatal sobre la vulnerabilidad de quien ni siquiera tiene registro de identidad.

El galimatías sostenido por esta cartera de Estado es el mismo acuñado por el resto de instituciones públicas a cargo de interactuar coordinadamente para atender este caso. Es que el Estado ecuatoriano ha hecho poco, ha negado información o ha evadido entregarla. Y lo que es peor: ha pretendido confrontar en la misma mesa a esclavistas y a esclavos, y ha mentido.

El 3 de abril del 2019, a menos de dos meses de que se difundiera el caso, Ecuador recibió una Comunicación Conjunta de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas ­-dos grupos especiales de trabajo y dos relatorías especializadas-, en la que la organización internacional demandó al canciller José Valencia responder sobre:

  • Cifras de la prevalencia de trabajo forzoso en agricultura que incluyan plantaciones de abacá.
  • Medidas adoptadas para dar cumplimiento a la prohibición constitucional del trabajo forzoso en el país.
  • Medidas para eliminar la explotación laboral y el trabajo forzoso en la empresa Furukawa.
  • Medidas para asegurar condiciones dignas de vida para las personas que viven en las haciendas, incluyendo su acceso a la alimentación, agua y saneamiento, y la no interferencia en su acceso a salud y educación.
  • Medidas para que Furukawa garantice a las personas viviendo en sus propiedades acceso a una vivienda digna.
  • Medidas para impedir que la empresa Furukawa interfiera en el disfrute del derecho a la salud de las personas trabajadoras, en particular su acceso a servicios de salud de emergencia.
  • Medidas para asegurar la identificación de las personas que viven en las haciendas de las plantaciones de abacá y su registro en el Registro Civil del Ecuador.
  • Medidas para asegurar que los niños, las niñas y los adolescentes que viven en los campamentos dentro de las plantaciones tengan acceso a educación gratuita conforme al Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y con la meta 4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
  • Información sobre procedimientos para regular las relaciones laborales entre los trabajadores agrícolas residentes en las haciendas y la empresa Furukawa y las medidas para evitar desalojos forzosos.
  • Procedimientos y medidas para eliminar el trabajo infantil en la agroindustria y proteger a los niños, las niñas y los adolescentes de la explotación y la violencia en ese contexto.
  • Medidas de rehabilitación y reintegración a las que puedan acceder los individuos o familias que se salen de los campamentos en la empresa Furukawa y deciden reconstruir su vida en la sociedad.
  • Medidas para implementar los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, para prevenir, investigar, castigar y reparar abusos de los derechos humanos cometidos por las empresas en su territorio y/o su jurisdicción, como por Furukawa.
  • Medidas para garantizar que los trabajadores, niños/as, adolescentes y las familias afectados por los abusos puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces.
  • Medidas concretas del Gobierno para prevenir y abordar la discriminación racial, en particular contra la población afrodescendiente.

El comunicado de Naciones Unidas, además, consultó si el Estado ecuatoriano “está considerando ratificar el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, de 1930” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero a once meses de esa consulta, el gobierno de Lenín Moreno no ha respondido ni ha ratificado dicho Protocolo, aunque Ecuador es miembro signatario de la OIT desde 1934.

La respuesta de Ecuador a las inquietudes de Naciones Unidas dice que el Estado “ha actuado de manera legal, oportuna e inmediata, al activar coordinadamente todos sus mecanismos de protección de derechos humanos” (pág. 1 de 29). Dijo, además, que “se ha intervenido para garantizar que la empresa cumpla fielmente con todas sus obligaciones legales y constitucionales” (pág. 2 de 29), entre otras cosas que incluyen citar leyes y artículos que no se cumplen. Pero nada de lo que dice el documento de respuesta de Ecuador ha ocurrido.

Yanisleu nació en Cuba pero vive en Ecuador desde hace dos años, pues acá formó un hogar. Cuando las autoridades visitaron los campamentos, durante las primeras inspecciones, le ofrecieron gestionar su residencia luego de que sus intentos fueran vanos, pero esos funcionarios no volvieron más para atender su situación. Foto: Iván Castaneira.

En su lugar, los abacaleros fueron divididos mediante la inyección de rumores y ofertas incumplidas, y a través de gestiones dispersas de parte de funcionarios públicos diletantes y obsecuentes con los empresarios, como lo muestran los distintos reportajes que hemos publicado durante el pasado año y las entrevistas allí incluidas.

Frente a la incertidumbre y a la inercia estatal, unos abacaleros aceptaron volver a trabajar para la empresa a pesar de que las condiciones de trabajo no han cambiado hasta la publicación de este reportaje, lo cual se puede probar visitando las haciendas y campamentos de abacá ahora mismo. Otros agricultores, representados por Walter Sánchez -quien en un principio se había presentado como voluntario para atender los reclamos de todos los afectados, y que finalmente fue persuadido por funcionarios del Estado y por la empresa para fragmentarlos-, suscribieron el 15 de agosto un documento extrajudicial en un centro de mediación de la Cámara de Comercio de Santo Domingo de los Tsáchilas, para recibir un pedazo de tierra en comodato durante un período limitado, con el que aceptan -sin percatarse, pues la mayoría de ellos no sabe leer- no iniciar acción civil, penal o administrativa alguna en contra de la empresa Furukawa por hechos pasados, presentes o futuros. Y otros más decidieron permanecer en uno de los campamentos de la empresa, en actitud de resistencia, hasta que el Estado implemente verdaderos mecanismos de reparación integral a sus derechos violentados.

La pregunta emerge sola: ¿por qué si el cometimiento de formas de esclavitud moderna es tan evidente en las haciendas de Furukawa y está respaldado en diferentes informes institucionales; si el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador condena el trabajo forzoso; si el Artículo 82 del Código Orgánico Integral Penal sanciona con entre 22 y 26 años la esclavitud, y si todos los convenios, declaraciones y pronunciamientos de los organismos internacionales y mecanismos de Naciones Unidas condenan cualquier forma de esclavitud como la que se ha cometido en Furukawa, no se ha sancionado en esa proporción a la empresa?

El hambre manda y la hambruna desespera a cualquiera. Los dos primeros grupos reniegan de la empresa pero no hallan otra opción que no sea volver a las filas de quienes los esclavizaron, a costa de continuar en estado de vulnerabilidad y sometimiento. La necesidad que tienen de obtener un ingreso y llevarse algo a la boca es impostergable.

Quienes resisten, en cambio, viven de la solidaridad de organizaciones sociales y ciudadanos caritativos. Están seguros de que las autoridades y los administradores y dueños de la empresa buscan agotarles y desvanecer sus afanes de exigir por todos los medios la reparación integral de sus derechos, indemnización por sus años de trabajo y el cierre definitivo de la empresa que los trató “peor que a animales”, como suele decir Susana Quiñónez, una abacalera de origen afroesmeraldeño que cuenta que fue echada de un campamento a la fuerza, con policías que la empresa llevó para desalojarla.

Susana Quiñónez es una de las abacaleras más activas en el grupo que se resiste a los desalojos. Foto: Iván Castaneira.

Cuando le queda algo de energía, José Hurtado trabaja en las haciendas vecinas. Los 65 años que lleva encima le han gastado mucho ya y desde que estalló el escándalo por esclavitud en Furukawa, él y sus cientos de compañeros abacaleros tomaron rumbos distintos.

La mañana del miércoles 12 de febrero, don José contó que ahora alcanza a ganar 5 dólares por cada día de  trabajo. Es lo que pagan otros hacendados por sacar cinco tonguillos de abacá. Un dólar por cada tonguillo, es decir, por cada atado de tallos de fibra. Y es eso todo lo que él logra hacer durante una jornada de casi diez horas. En dos cuartos exactamente iguales a los que hallamos hace un año, don José comparte el espacio con su esposa, Martha Bautista, y seis personas más, entre ellos dos nietos pequeños y otros parientes.

Su hijo Julio interviene con una indignación moderada gracias al olor del arroz que prepara en su cocineta. Aunque cuatro días antes recibió un disparo, él se da modos para trabajar todos los días de la semana y comprar algún alimento barato “para medio comer –dice, cojeando un poco-, lo que hago e’ ahí fritando un verdecito para sobrevivir”.

Era de noche y volvía con un amigo suyo a bordo de una motocicleta cuando escuchó una detonación entre las sombras de la vegetación. Nunca vio quién atacó, pero la bala entró y salió por su pantorrilla y con la herida a cuestas pisa y anda. Julio tiene 35 años y también se emplea en una hacienda abacalera vecina.

Es común escuchar relatos de este tipo en las haciendas de Furukawa. Hay quienes aseguran que así han muerto algunos trabajadores a lo largo de estas cinco décadas y que nunca hay responsables de esos crímenes. “Igual yo estoy haciendo lo posible por ayudar aquí a mi veterana –explica el joven, señalando con el brazo a su madre, doña Martha- que la tengo abollada. La mujer de 70 años –el pelo cano, los ojos algo opacos­- no habla mucho. Cuando lo hace, su voz suena bajito. Es analfabeta y lleva una herida en su brazo izquierdo producto de un accidente de tránsito.

Algunos agricultores del comodato que está a cargo de Walter Sánchez prefieren no revelar su identidad y cuentan que “los de la compañía no pagan a los trabajadores (…) solamente se trabaja como que está trabajando un animal, como siempre…”. “De trabajar, se trabaja lo mismo como antes y hasta más –dice otro-, un maquinero a veces trabaja hasta las ocho o diez de la noche”. “¡Hasta la madrugada!”, aclara una mujer.

En una reportaje de La Barra Espaciadora anterior sobre este caso, se contó la historia de Petronilo Monaga –‘Don Fruco’–, el hombre de 61 años que en marzo del 2018 vendió en 150 dólares cuatro sillones que tenía en el cuarto del campamento donde vivía, para pagar los viajes en bus que haría hacia Quito y Portoviejo en los meses siguientes, en su afán de que sus tres décadas de trabajo para Furukawa le fueran reconocidas. ‘Don Fruco’ vive ahora en Patricia Pilar. Una semana antes de nuestra visita, fue golpeado por la máquina desfibradora del primer campamento de la línea 42, el del comodato dirigido por Sánchez. Un hombre de su edad no debería exponerse a este trabajo y mucho menos sin contar con vestimenta adecuada ni medidas de seguridad laboral. Pero ni a Sánchez ni a los funcionarios del Estado esto les ha llamado la atención.

Según el Ministerio del Trabajo, sus equipos han hecho cuatro inspecciones de seguimiento de carácter laboral “en todos los campamentos de la empresa (…) así como el campamento que se ha entregado en comodato a la Asociación Esperanza Un Nuevo Amanecer”.  La primera inspección, según esta versión oficial, fue el 21 de febrero del 2019. La segunda, el 8 de marzo del 2019. La tercera ocurrió seis meses después, el 12 de septiembre 2019, y la última tuvo lugar el 10 de febrero 2020, dos días antes de nuestra visita. “De las inspecciones efectuadas se ha evidenciado que la empresa ha registrado seiscientos sesenta y dos contratos de trabajo, teniendo vigentes cuatrocientos trece –respondió la funcionaria-, la empresa entrega materiales y ropa de trabajo a sus trabajadores, quienes se encuentran afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, además la empresa ha implementado medidas de seguridad, salud y gestión de riesgos, conforme las recomendaciones emitidas por esta cartera de Estado”, dijo Moreno, vía correo electrónico. “El campamento que se encuentra ocupado al amparo de un contrato de comodato por socios de la Asociación Esperanza Un Nuevo Amanecer, así como por personas ajenas a la misma, trabajan de forma autónoma, y el resultado de la producción de su trabajo lo venden independientemente”, aclaró, contradiciendo los testimonios de los abacaleros.

“Eso es una delincuencia”, se quejó la mujer que esa mañana de lunes amamantaba a su bebé. “Él (Sánchez) lo que ha creado es un caos, no ha creado nada bueno… el ‘man’ es el que se está beneficiando”, acotaba otro. “Ahora están peor porque pelean por las máquinas…”.

A partir del 12 de febrero, pedimos insistentemente entrevista con Walter Sánchez, pero solo recibimos de él respuestas evasivas vía chat de Whatsapp. Tampoco hemos recibido respuesta a nuestros pedidos reiterados de entrevistas con representantes del Ministerio de Agricultura ni de Gobierno.

Once campamentos han sido derribados con maquinaria pesada por parte de los empresarios. Las autoridades del Estado no han hecho nada para impedirlo, aunque eso signifique borrar evidencias. Así lucen las paredes de los habitáculos que aún permanecen en pie ahora, al cierre de este reportaje. Foto: Iván Castaneira.

Los derechos en soletas y un Estado racista

Sostener jurídicamente una causa de esta magnitud en Ecuador es un desafío colosal para las organizaciones de derechos humanos. Más aún cuando del otro lado una empresa multinacional como Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador goza de la permisividad cómplice de un Estado y juega a ocultarse, cambiando una y otra vez a sus representantes legales.

Desde febrero del 2019, tres personas han asumido la gerencia de esta firma abacalera. A Marcelo Almeida, quien fue gerente por varios períodos desde 1996, le sucedió Iván Segarra, el 2 de mayo del 2019 y se mantuvo en ese puesto hasta septiembre, cuando le reemplazó en la gerencia José Adrián Herrera Villena, quien apenas unos meses antes había comparecido ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional como abogado defensor de la empresa.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), entidad fundada por la hermana Elsie Monge y referente histórico de la defensa de los derechos humanos desde 1978, decidió patrocinar la defensa de los cientos de trabajadores y extrabajadores de Furukawa a pesar de que sus arcas están casi vacías. Siempre que los abacaleros necesitaban llegar a Quito para insistir ante las autoridades en sus pedidos, las abogadas de Cedhu buscaban hacer colectas o pedir dinero para cubrir los gastos de los pasajes. La solidaridad de ciertos colectivos y de ciudadanos independientes permite que estas organizaciones independientes no mueran de inanición.

La mañana del 3 de marzo, 67 organizaciones locales e internacionales y más de 1 000 personas  se adhirieron al llamado del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, un colectivo conformado por organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos, para exigir del gobierno ecuatoriano justicia y reparación para las víctimas de Furukawa y sus familias.

En rueda de prensa, el presidente de la Federación de Organizaciones y Grupos Negros de Pichincha (Fognep), Nivo Estuardo Delgado, aseguró que el Caso Furukawa es solo una pequeña señal de cómo en el agro ecuatoriano las prácticas de explotación y precarización laboral son comunes. El líder afro dijo que el caso Furukawa tiene “mucho tinte racista”, se refirió a la histórica discriminación ejercida por el Estado ecuatoriano en contra de los pueblos afro, sobre todo de la provincia de Esmeraldas, que es de donde proviene la mayoría de familias esclavizadas por Furukawa desde 1963. “El Ecuador es racista estructuralmente”, dijo Delgado, categórico.

“El juez de primer nivel Carlos Gabriel Vera Cedeño calificó la demanda de acción de protección a favor de más de una centena de abacaleros y abacaleras y sus familias, y dispuso práctica de varias pruebas, entre ellas, las necesarias para verificar el estado de salud de las víctimas. Vera fijó audiencia para este 3 de marzo de 2020, a las 08:10, en Santo Domingo de los Tsáchilas, y convocó a comparecer a los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y de Trabajo, Andrés Madero, así como a representantes de la empresa y al procurador del Estado, Iñigo Salvador, para que expongan sus argumentos y pruebas de descargo. También deberán comparecer los asambleístas miembros de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional Juan Lloret y José Chalá, y exfuncionarios de la Defensoría del Pueblo. La audiencia fue convocada a 13 meses de que el caso fuera revelado, mientras las víctimas resisten en absoluto abandono. “

Segundo Ordóñez y Walter Klinger caminan juntos por este sendero todos los días. Para llegar al campamento desde la carretera, deben andar alrededor de una hora, y ese trayecto deben hacer unas tres veces a diario. Foto: Iván Castaneira.

Del 16 al 20 de diciembre del 2019, el Grupo de Expertos de la ONU sobre Afrodescendientes visitó Ecuador y examinó este caso. Como resultado, emitió una Declaración en la que recomienda la “indemnización de los trabajadores por la violación de sus derechos humanos; expropiación de la tierra que se otorgará a los trabajadores; y cierre de la empresa Furukawa”. Y agregó que “los nacimientos de los hijos de los trabajadores de la empresa Furukawa deben estar registrados; se debe entregar documentos de identidad a los trabajadores de Furukawa que no los tengan; los trabajadores de Furukawa y sus hijos deben recibir becas de estudio en escuelas y universidades; los trabajadores de Furukawa deben tener pleno acceso a atención médica, a vivienda y al mercado formal de trabajo”.

Delgado cree que “se está poniendo al recurso económico por encima del recurso humano (…) y se está actuando con sesgo racista”. También citó el Decenio Internacional Afrodescendiente y el Decreto 915 como un asunto que ha sido ignorado por un Estado al que calificó de “separatista” y “segregacionista en contra de la población afroecuatoriana. ¡Vergonzoso sería para nosotros quedar callados, el Estado hay que hacerle ver el descomedido actuar que ha tenido frente a los afroecuatorianos!”, exclamó airado.