Tres líderes comunitarios fueron sentenciados a 4 años de prisión por el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar.
Los defensores fueron sentenciados por el supuesto delito de violación a la propiedad privada, debido a una denuncia de personas vinculadas a la empresa minera Curimining S.A., que opera el proyecto Curipamba – El Domo en el subtrópico de la provincia de Bolívar desde 2006.
El 11 de febrero de 2025, el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar dictó una sentencia de 4 años de prisión, el pago de 4 salarios mínimos, y una reparación de 600 dólares americanos a las supuestas víctimas para los tres defensores de derechos humanos y la naturaleza, Wilfrido E., Fausto A., y Gilberto T. El proceso, marcado por irregularidades, no tomó en cuenta argumentos y pruebas claves, dejando en la indefensión y condenando a los tres dirigentes comunitarios que defienden sus territorios y fuentes de agua de forma pacífica y legítima. Además, el juez impidió la participación en línea en la última audiencia de juzgamiento de una veeduría nacional e internacional conformada por varias organizaciones de derechos humanos con integrantes de Ecuador, México, EEUU, Irlanda, Brasil, Chile y Portugal.
Estas acciones de parte del tribunal representan una preocupante parcialidad del sistema de justicia ecuatoriana a favor del poder transnacional, en este caso, a las compañías mineras canadienses Silvercorp Metals Inc. y Salazar Resources Ltd. con su operadora local Curimining S.A., que, junto al Estado ecuatoriano, han violentado repetidamente los derechos humanos, los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, afectando a varias comunidades agrícolas y sus territorios.
Los defensores sentenciados, junto con miles de otros habitantes locales, han resistido este proyecto minero durante casi dos décadas porque amenaza fuentes de aguas críticas que sustentan a decenas de comunidades indígenas, montubias y campesinas de las laderas occidentales de los Andes del centro de Ecuador. Estas fuentes de agua también abastecen a grandes haciendas y ciudades de las llanuras costeras de Ecuador más abajo.
El proyecto minero Curipamba – El Domo recibió las licencias y permisos necesarios para iniciar la explotación de cobre, oro, plata y zinc a cielo abierto en enero de 2024, tras una supuesta consulta comunitaria, que sólo consultó a poco más de 100 comuneros directamente afectados de los más de 7000 que debieron ser consultados. Esta supuesta consulta estuvo llena de irregularidades, incluyendo la presencia desmedida de las fuerzas armadas del Estado.
Últimamente, 29 defensores de la naturaleza de las provincias de Bolívar y Los Ríos han sido criminalizados relacionado a este proyecto minero, y 12 de ellos han sido sentenciados a prisión con penas que llegan hasta los 4 años, y a pagar cuantiosas multas. Este alto nivel de criminalización y sentencias condenatorias demuestra la gravedad de la persecusión a la que se enfrentan las personas y comunidades que defienden los derechos humanos y a la naturaleza en el país. Detrás de todas las denuncias contra las personas defensoras, sean estas interpuestas por la minera o por particulares, está el mismo estudio jurídico de Quito, lo que demuestra que la criminalización de las y los defensores de Bolívar es parte de una misma estrategia que busca entorpecer su labor[1].
Es de suma importancia que los procesos judiciales sean transparentes e imparciales y que garanticen los derechos de todas las personas, incluídas las que se encuentran en territorios afectados por las actividades mineras. Ecuador vive una situación de persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza mientras se agudiza la implementación de modelos políticos y económicos que priorizan la extracción de recursos naturales en detrimento de la agricultura campesina, de las fuentes de agua, del ecoturismo y de la vida en el campo.
Las organizaciones de derechos humanos y ambientales firmantes de este comunicado nos solidarizamos con los tres defensores sentenciados, con sus comunidades y organizaciones, y expresamos nuestra preocupación con el uso sistemático del sistema de justicia para silenciar y criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza en Ecuador. Reafirmamos que seguiremos vigilantes al caso con atención desde la comunidad nacional e internacional de derechos humanos, una vez que el proceso judicial continuará con la apelación a segunda instancia. Por fin, reforzamos una vez más la importancia del acompañamiento cercano al caso por las autoridades de derechos humanos del país, dado el emblemático potencial de violación de los derechos humanos que conlleva.
- Front Line Defenders
- Inclusive Development International
- MiningWatch Canada
- EarthWorks
- Amazon Watch
- PODER
- Amazon Frontlines
- Alianza por los Derechos Humanos – Ecuador
- Acción Ecológica
- Latinoamérica Sustentable, LAS
- CEDENMA
- Frente Nacional Antiminero
- “FECAB BRUNARI”, Gobierno Comunitario Provincial del Pueblo Waranka
- Agencia Tegantai
- Proyecto Dulcepamba
- Napo Resiste
- Saramanta Warmikuna
- Frente de Defensa del Agua, la Vida y la Naturaleza de Las Naves
- Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador
- Juntos por el Agua, cantón Espíndola, Provincia de Loja
- Junta Administradora de Agua Potable Jerusalén, cantón Las Naves, Bolívar
- Fundación Suyay
- Colectivo Teatral
[1] CEDHU. 12 de feb, 2025. Pronunciamiento: https://cedhu.org/2025/02/12/campesinos-sentenciados-a-prision-por-su-labor-como-defensores-de-derechos/
