Noviembre 2024
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, es una respuesta inédita desde la sociedad
civil ecuatoriana frente a las graves violaciones de derechos humanos que se presentan en Ecuador, en
particular para vigilar y denunciar abusos de poder en dos momentos: el paro nacional de octubre de
2019 y durante la emergencia sanitaria, política, económica y social desencadenada por la pandemia
del COVID-19. La Alianza está conformada actualmente por 14 reconocidas organizaciones sociales que
cuentan con amplia experiencia de trabajo de protección e incidencia en derechos humanos, colectivos
y de la naturaleza: 1.Amazon Frontlines (AF); 2. El Comité de Derechos Humanos de Guayaquil
(CDH-GYE); 3. El Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, (SURKUNA); 4. La Fundación
Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA); 5. Acción Ecológica; 6. Fundación
Alejandro Labaka; 7. Amazon Watch (AW); 8. La Asociación de Propietarios de Tierras Rurales del Norte
del Ecuador (APT-Norte); 9. El Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador; 10. El Observatorio Minero
Ambiental y Social del Norte del Ecuador (OMASNE); 11. El Colectivo Yasunidos; 12. BOLENA-Género y
Diversidades; 13. La Colectiva de antropólogas. 14. La organización Mujeres de Frente.
A estas organizaciones se suman, a título personal reconocidas personas defensoras vinculadas a
procesos sociales para la exigencia de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.
En cumplimiento de nuestra misión hemos realizado un monitoreo de algunos de los casos que
actualmente están en conocimiento de la Corte Constitucional y que no han sido resueltos en los cuales
las víctimas son personas o colectivos que de manera sistémica y multidimensional han sido víctimas de
graves violaciones a sus derechos humanos y colectivos por quienes detentan el poder económico y
político, dentro de las víctimas en varios casos también se incluye al sujeto de derechos naturaleza. En
estos casos, una de las características comunes es la inminencia del riesgo al que siguen estando
expuestas por el retardo de la Corte Constitucional.
Sin justicia, sin audiencias, sin ser escuchadas, las víctimas se encuentran en indefensión, sometidas a la
perpetuación de la impunidad.
