Foto: Pablo Valero
El 16 de abril 2016, un terremoto de magnitud 7.8 grados produjo daños muy graves en términos de vidas humanas, viviendas e infraestructura en Ecuador. Uno de los lugares afectados fue la isla de Muisne, donde si bien no se perdieron vidas, se destruyeron 218 viviendas (11,10%) y 1190 personas de los 13.526 habitantes fueron afectadas totalmente.
El 21 de junio 2016 a través de la Resolución 073, la Secretaria de Gestión de Riesgos (SGR) declara zona de riesgo a toda la isla de Muisne, “afectada por inundaciones provocadas por Tsunamis” y “prohíbe los asentamientos humanos en la zona declarada de riesgo”. Declaratoria que carece de estudios técnicos y científicos que permitan determinar y cuantificar el riesgo por inundación de tsunamis, como son: de modelación de los escenarios sísmicos tsunamigénicos y tecnológicos de la altura de la ola, licuefacción y suelos. Tampoco se consideró que ninguna de las 673 defunciones del 16 de abril ocurrió en Muisne y, que no se produjo un tsunami.
Lider Góngora CECONDEM
En aplicación de esta resolución, todas las entidades públicas existentes en la isla, así como 13.526 habitantes, tenían que dejar definitivamente la isla de Muisne y ser ubicadas en la parte continental. Entre las entidades públicas que fueron reubicadas fuera de la isla se incluyen centros educativos, algunas dependencias públicas y se desmantela lentamente el Hospital de la isla y se lo traslada al continente.
Esta Resolución sorprendió e indignó a los habitantes de la isla de Muisne, ya que, a más de carecer de un adecuado sustento técnico, el gobierno liderado por el economista Rafael Correa, que impulso el desalojo, por otra parte, alentaba proyectos turísticos para élites.
Las condiciones de vida en Muisne son muy difíciles y complejas, pues su población está entre las poblaciones más empobrecidas del país, carece de agua potable y la disposición de los desechos sólidos se los hace a cielo abierto. y esta situación se ha agudizado por la decisión gubernamental y municipal de dejarnos abandonados a nuestra suerte, sin siquiera preparar un plan de evacuación para posibles emergencias, negándoles todo tipo de ayuda humanitaria oficial.
Lourdes Proaño. CECONDEM
Desde la Mesa de Comunidades, Organizaciones e Instituciones de la Sociedad Civil de la Comuna de la Isla de Muisne, queremos expresar nuestro profundo malestar ante un desalojo sistemático, permanente y disimulado de nuestra isla de Muisne. Consideramos que las instancias nacionales limitan nuestras demandas y por ello decidimos acudir a instancias internacionales para exigir nuestros derechos al agua, al hábitat y al trabajo.
Como pueblo originario, habitantes del manglar, invocamos nuestro derecho constitucional a “No ser desplazados de sus tierras ancestrales”, y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas a no ser desplazados, sin nuestro consentimiento, libre, previo e informado.
Conoce los argumentos centrales de la carta enviada a los relatores de hábitat, agua y vivienda
