Hoy, hace un año, un derrame de 15,800 de barriles de crudo y combustibles contaminaron los ríos Coca y Napo, sus fuentes de agua y alimento. Les contaminaron la vida.
Tras un año del derramamiento de crudo y petróleo, más de 27 mil personas indígenas de 109 comunidades siguen viviendo las afectaciones de la contaminación en sus cuerpos y en sus territorios, y los riesgos asociados a la erosión regresiva de los ríos, incluidos posibles nuevos derrames.
A raíz de estas afectaciones, las comunidades indígenas con el apoyo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONENIAE) y la Alianza de Derechos Humanos, interpusieron una acción de protección con medidas cautelares el pasado 29 de abril de 2020. La justicia negó en dos instancias la acción de protección planteada contra las empresas y el estado por su responsabilidad en la vulneración de derechos a la vida, agua, alimento, ambiente sano, integridad territorial y derechos de la naturaleza.
A la par, se ha iniciado la persecución legal contra un dirigente indígena e integrantes del equipo de apoyo legal al caso. Verónica Potes, abogada del equipo jurídico de la Alianza por los Derechos Humanos señala que “a un año de un derrame evitable, Jaime Oña, juez constitucional de primera instancia, ha iniciado un proceso penal poco creíble basado en unconfuso cargo de “delito informático” e instigación, contra un líder indígena y miembros del equipo legal.”Coincidencialmente, fueron convocados para hoy a rendir versión en unproceso penal. Sin embargo, el fiscal Oscar Franco Chasiguasig, no tomó la versión libre sin juramento a cinco defensoras de derechos humanos ya que no se encontraba en la Fiscalía.
