Argumentos en contra de la eliminación de los pueblos en aislamiento voluntario.
El día de hoy, 15 de octubre de 2021, la jueza Carla Andrade de la Corte Constitucional del Ecuador, analizará en audiencia la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 751 que modifica la Zona Intangible, y sobre todo modifica el área de amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), permitiendo que se construyan estructuras para dar paso a la actividad petrolera.
En el año 1999 se crea la ZITT con el Decreto Ejecutivo No. 552, con el objetivo de salvaguardar la vida y los derechos de los pueblos aislados y conformar una zona en donde estarían vedadas a perpetuidad todo tipo de actividades extractivas. Esta zona solo se llega a delimitar en el año 2007, ya que, durante 8 años, los intereses de las compañías petroleras mantuvieron una permanente pugna para evitar su delimitación. Ésta se precipitó por las medidas cautelares emitidas en el año 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH ante las noticias de una posible masacre en ese año y el antecedente de otra masacre de 30 miembros de los pueblos aislados en el 2003, provocada por la desprotección del estado.
La construcción de plataformas petroleras y otras obras de infraestructura en la Reserva de Biósfera Yasuní y el territorio ancestral de los pueblos indígenas y en especial de los pueblos aislados, contradice el artículo 57 de la Constitución; vulnera el carácter de intangibilidad para el que fue creada la Zona Intangible y ha traído varias vulneraciones de derechos como el derecho al agua limpia con la contaminación de esteros, ríos, humedales, derecho a un medio ambiente sano con la afectación de sus medios de vida y de su aprovisionamiento alimentario basado en caza, pesca, recolección y horticultura itinerante. Las instalaciones generan destrucción de ecosistemas y ruido que aleja la fauna, afectando la caza y por tanto su ingesta proteínica y su sobrevivencia.
El Decreto No. 751 fue publicado en el año 2019, y habría sido el resultado de la consulta popular del 2018 sobre la posibilidad de aumentar el tamaño de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), en el interior del Parque Nacional Yasuní, con el propósito de brindar aún más seguridad a los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane en aislamiento voluntario. Sin embargo, este Decreto amplió la ZITT en más de 50 mil hectáreas, pero al mismo tiempo modificó el área de amortiguamiento, que es el anillo que rodea a la zona intangible, y permitió que en esta área de amortiguamiento se construyan nuevas obras de infraestructura.
Esto a criterio de la Colectiva de Antropólogas del Ecuador, sería inconstitucional y además representaría un retroceso a la protección a la vida de los pueblos Tagaeri y Taromenane en aislamiento voluntario. La Colectiva de Antropólogas ha manifestado su preocupación por la construcción de una carretera que se estaría adentrando casi al corazón del Yasuní y estaría muy próxima a la zona intangible. Igualmente, la Colectiva de Antropólogas del Ecuador, está muy preocupada por el Decreto No. 751 ya que vulnera los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane que son de extrema vulnerabilidad. Hay que recordar que estos pueblos ya han sufrido serios golpes, como por ejemplo las masacres ocurridas en los años 2003 y 2013, y quitarle la protección a la zona de amortiguamiento les expone a contactos con nuevos actores, al impacto de la actividad hidrocarburífera e incluso al contagio de enfermedades como la Covid – 19.
Más información: Natalia Bonilla – Colectiva de Antropólogas del Ecuador, celular 0980219167.
