El domingo 21 de abril, Ecuador rechazó la Pregunta D en una votación con un 64,8% a favor del NO, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta pregunta buscaba reconocer al arbitraje internacional como un mecanismo para resolver disputas de inversión. Esta decisión refleja la defensa de los recursos económicos, sociales y ambientales del país, con un mensaje contundente a favor de la soberanía nacional.
Se argumenta que el arbitraje internacional históricamente ha perjudicado el desarrollo del país y vulnerado derechos humanos y ambientales, por ende era urgente evitar que las grandes corporaciones se beneficien a expensas de la justicia y los derechos de los ecuatorianos. La aprobación de la Pregunta D habría tenido consecuencias negativas, aumentando la supremacía de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos y la soberanía nacional, y exponiendo a Ecuador a costosos litigios.
La victoria del NO en la Pregunta D representa un paso hacia la protección de los intereses nacionales y la justicia social.
