Hoy, 05 de mayo de 2022, se realizó la Audiencia de Apelación de la Acción de Protección No. 17322202100261 por el Caso Pacto, en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a cargo del juez ponente Fabián Fabara Gallardo.
Según la abogada Yuli Tenorio, “el Estado reconoció que todas las actividades que por 20 años está realizando Melinachango son ilegales. Sus actividades siguen suspendidas porque la empresa no tiene permisos y ha vulnerado derechos constitucionales”.
Representantes de colectivos, comunidades y autoridades de la parroquia rural de Pacto perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, denuncian que las instituciones del Estado como el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica – MAATE, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables del Ecuador – MERNNR, y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables – ARCERNNR, permitieron la operación de la Compañía Minera Melinachango Santa Bárbara CÍA. LTDA., sin cumplir con los Actos Administrativos Previos.
Es decir que la empresa ha operado, por ejemplo, sin contar con la Licencia Ambiental que es un requisito previo a la actividad minera metálica, por ende, se estarían vulnerando los derechos de la Naturaleza; el derecho humano al agua; a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la consulta ambiental previa de la parroquia de Pacto.
Las personas y comunidades afectadas durante la Audiencia pidieron “dejar sin efecto todos los Actos Administrativos Previos del título minero Melina titular de la empresa Melinachango”.
Al momento, los habitantes de Pacto se encuentran desde hace 250 días en vigilia permanente e indefinida custodiado “el material aurífero ilegal extraído sin Licencia Ambiental”, para quienes exigen reparación integral.
