La Nacionalidad Sapara del Ecuador resiste los embates del extractivismo, y pese a ser una de las minorías étnicas en riesgo de extinción, su pueblo demuestra día a día la posibilidad de un mejor mañana para nuestras futuras generaciones.
María Ushigua, mujer líder de la Nacionalidad nos cuenta que no pelean solo por su territorio sino por mantener intacta su selva, su forma de vida, su farmacia, su mercado; en la selva los Saparas viven y desarrollan sus formas culturales y ahí encuentran todo lo que necesitan para vivir, la defienden para ellos, pero también para el mundo entero, la nacionalidad Sapara es consciente de los graves problemas que acarrea el cambio climático y saben que su selva es indispensable para evitar una catástrofe a nivel mundial.
En el encuentro realizado en Quito los días 18-19 y 20 de octubre , las mujeres Sapara recibieron la noticia de que el ministerio de Agricultura y Ganadería debe devolver el 70% de su territorio a la Nacionalidad Sapara del Ecuador, (NASE).
La historia es larga y llena de interesantes detalles. La NASE es una nacionalidad indígena ubicada en en el centro sur de la amazonía ecuatoriana, cuenta con aproximadamente 2.000 habitantes de los cuales solamente 3 personas hablan fluidamente su idioma ancestral. En 2001 la nacionalidad sapara fue declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Hace un año y medio el ministerio de agricultura y ganadería de forma inconsulta (ya que jamás informaron a los legítimos dirigentes de la nacionalidad sobre este acto) decidió modificar el nombre de la titularidad del territorio y entregárselo a una asociación denominada NARUKA, que muy alejada de los intereses de la nacionalidad, tiene las intenciones de negociar con las empresas petroleras y recibir el fondo del Programa Sociobosque. Este acto violentó el derecho constitucional de pertenencia de territorio consagrado en el artículo 57 de la constitución.
El día lunes 18 de octubre finalizó la audiencia de Acción de Protección presentada por la Nacionalidad ante la corte de justicia de Pastaza, esta audiencia que lastimosamente fue postergada por 3 ocasiones, finalmente llegó a su final y fue a favor de la NASE, quien demostrando contundentemente la vulneración de sus derechos constitucionales ahora debe realizar los tramites administrativos paraapara poder gozar de su territorialidad de manera absoluta. El conflicto inició en el año 2012 cuando el gobierno del presidente Correa lanzó la XI Ronda de licitación Petrolera, dentro de la cual varios bloques ofertados se ubicaban en territorio Sapara. La Secretaría de hidrocarburos realizó un proceso que le llamó de consulta previa muy irregular, sin respetar estándares internacionales como debía hacerse. Para demostrar que las nacionalidades fueron consultadas se les hizo firmar a los dirigentes un “Convenio de Inversión Social”, el cual en el caso de la nacionalidad Sapara ofrecía 10 millones de dólares cuando iniciaren las actividades petroleras este acuerdo chantajista fue firmado por el entonces presidente de NASE, y su vicepresidente1, sin contar con la aprobación de las bases de la NASE quienes siempre han mantenido una posición de rechazo al ingreso de las actividades petroleras a su territorio ancestral. Como resultado de la ronda conocida como “suroriente” en enero del 2016 el gobierno adjudicó a la empresachina Andes Petroleum. Ltda, la explotación de los bloques 79 y 83,en territorios Sapara y Kichwa.
Desde esa época hasta la actualidad el pueblo Sapara ha expresado su posición de resistencia a las actividades petroleras, en su último congreso extraordinario volvieron a declararse territorio libre de actividades extractivas y durante la audiencia de la Acción de Protección, a través de sus representantes,nuevamente se pronunciaron en contra de las actividades extractivas y. Tanto es así que en el 2019, ante la resistencia en el territorio, la empresa petrolera pidió suspender las actividades previstas en el contrato de exploración y explotación firmado en 2016 alegando causa de “fuerza mayor”, que en un primer momento fue negada por parte del estado ecuatoriano puesto que tenían a la asociación NARUKA negociando su ingreso, sin embargo, al enterarse de esto la NASE interpuso varios comunicados dirigidos a la empresa, al presidente de la república, a los distintos ministerios y al propio gobierno Chino. Finalmente el Gobierno Nacional aceptó la solicitud de Fuerza Mayor de la empresa. Esta aceptación pone en una encrucijada al Gobierno Nacional, ya que la fuerza mayor argumentada por la empresa es la resistencia de las comunidades, y esta es responsabilidad del gobierno y de la secretaría de hidrocarburos que se supone realizó la consulta previa libre e informada2 y firmó el convenio de inversión social. Las personas signatarias del convenio dentro de la clausula cuarta, en el literal e) los subincisos a y b debían permitir el desarrollo de las actividades petroleras. Recordemos que las personas que firmaron este convenio son la actual dirigencia de NARUKA. Si el Gobierno nacional no puede resolver estos conflictos la empresa petrolera podría iniciar acciones legales contra el Estado Ecuatoriano por falta de garantías para la inversión.
Al Gobierno no le conviene que exista resistencia de parte de las comunidades Sapara puesto que pone en entredicho el acuerdo de inversión social y por tanto todo el proceso de la consulta previa libre e informada de la ronda suroriente, es por esto que a través del ministerio de Derechos Humanos entregó de forma poco confiable una personería jurídica a dicha asociación3, luego, esta asociación fue al ministerio de agricultura para solicitar que se modifique el nombre del título de propiedad de 251.503 hectáreas de territorio que se encontraban a nombre de NAZAPE, antigua organización Sapara que se fusionó con ONZAE para crear la actual NASE. Y era de esperar que este territorio sea donde se encuentran los bloques petroleros.
Según Nema Grefa, Presidenta de la NASE, los integrantes de la Asociación Naruka son conocidos por su postura a favor del ingreso de las petroleras, están registrados en el territorio sapara pero no son de esa nacionalidad, no viven en ese territorio y han desconocido las resoluciones oficiales de la NASE de declarar sus territorios libres de extractivismo.
A partir de esta solicitud de parte de NARUKA comienza un pisoteo irreverente de los derechos humanos de parte del Ministerio de Agricultura ya que en ningún momento el MAGAP se dignó en informar a los verdaderos representantes y legítimos dueños del territorio sobre las intensiones de modificar el nombre del título y sin procedimiento alguno decidieron aceptar el pedido y emitir la resolución 0123 de 11 de febrero de 2020, expropiando el 70% del territorio de la Nacionalidad y dividiendo el territorio.
El lamentable argumento que presentó el abogado defensor del ministerio se basa sobre el hecho de que esta resolución se encontraba bajo una revisión de nulidad de oficio por parte del MAGAP y que por tanto la Acción de Protección no era procedente. Esta nulidad la presentó el Ministerio una vez que la NASE ya había presentado una acción extraordinaria de revisión dentro de la institución y que no fue aceptada por cuestión de plazos; y luego de que se presentara la Acción de Protección, es decir el ministerio trató de borrar con el codo lo que escribió con la mano.
El entramado institucional que vulnera nuevamente los derechos de la Nacionalidad Sapara del Ecuador está activo y tratando que los intereses petroleros se mantengan intactos luego de que el gobierno nacional expidió el decreto 95, el cual se propone duplicar la producción petrolera en un plazo de 5 años. Mientras tanto la resistencia de las comunidades se fortalece luego de los resultados favorables de esta acción jurídica y seguirá vigente mientras los intereses extractivos mantengan la mirada sobre el territorio Sapara.
1. Actual presidente de la asociación que pretendía apropiarse del territorio. En los estatutos de la Asociación NARUKA el articulo 2 dice que la asociación gestionará los recursos naturales no renovables del territorio, esto evidencia su claro interés de extraer el petroleo pese a que el pueblo Sapara lleva pronunciándose más de 20 años en contra de la explotación de su territorio.
2En el año 2019 comunidades Waorani ganaron una acción de protección contra el Estado ecuatoriano en la que se declara que el Estado violó el derecho a la consulta previa de las comunidades Waorani que se ubican en el bloque 22, parte de la ronda suroriente y que el proceso que llevó la Secretaría de Hidrocarburos en ese y los demás bloques, no se podía considerar consulta previa.
3 Esta asociación nunca fue reconocida por la Nacionalidad y no cumplió con los requerimientos establecidos en el estatuto de la nacionalidad
