Serie Coronavirus #11
En
enero de 2018, el atentado que hubo en San Lorenzo llamó la atención de todo el
país y visibilizó la situación y las necesidades de la población de esa zona,
mayoritariamente afrodescendiente e indígena. Las miradas se volvieron a un
área con grandes contradicciones: los mayores índices de pobreza, ausencia casi
generalizada de servicios básicos, y muy bajos índices de escolaridad; y, por
otro lado, la existencia de remanentes del megadiverso Bosque del Chocó, que se
encuentra permanentemente acosado por el avance de la minería de oro, la
extracción maderera y la expansión del monocultivo de la palma aceitera.
La declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por el coronavirus y la
obligación a guardar una cuarentena en casa no ha detenido el ritmo frenético
de extracción de oro y madera en los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo.
Aquí, la maquinaria de la minería continúa operando e incluso, aprovechando que
no hay vigilancia, se ha intensificado.
Las comunidades de Minas Viejas, Las Ceibas, Durango, San Francisco de Bogotá y
Santa Rita, pertenecientes al cantón San Lorenzo, denuncian que sus ríos, su
principal fuente de agua limpia y de los cuales dependen para la agricultura,
las actividades de subsistencia, culturales o lúdicas, ahora se encuentran más
turbios y contaminados que hace dos meses. Esto se debe a que los frentes
mineros regresaron, aprovechando la emergencia sanitaria, y la ausencia de una
acción de control por parte de las autoridades encargadas.
Como medidas de protección frente a la pandemia, los pobladores de estas
comunidades han optado el semiaislamiento, como el caso de la comunidad de
Uimbi que prohibió el ingreso de extraños a su territorio. Pese a estas
medidas, se constata que en otros lugares como en el estero San José, afluente
del río Tululbí, o en el estero Durango, en la parte alta de San Francisco de
Bogotá, han ingresado operadores de los frentes mineros, quienes, sin saber,
podrían llevar la pandemia consigo, y exponer a estas poblaciones extremamente
vulnerables a un potencial contagio. El sistema de salud local tiene muy pocas
posibilidades de hacer frente a esta emergencia. De hecho, hasta hoy, el
hospital de San Lorenzo no realiza pruebas de COVID-19.
En estas situaciones vemos nuevamente el accionar de un sistema racializado e
indolente, al que le importa poco la vida de las comunidades Afro, Awá, Chachi
y Épera que habitan en el norte de la Provincia de Esmeraldas.
Se permite que la minería de oro avance, no solo bajo medidas de confinamiento
obligatorias, sino también pese a la vigencia de una sentencia por medidas
cautelares, la Nº 08256-2011-0058, que desde el 2011 exige a las instituciones
competentes del Estado tomar acciones eficaces para erradicar la minería
ilegal. En el 2018, estas medidas fueron ampliadas para prohibir incluso las
concesiones mineras que se habían otorgado en el pasado y que se encontraban en
operación.
Nos preguntamos, ¿Por qué en medio del estado de excepción y un toque de queda
nacional que inicia a las 2 pm, las únicas actividades que se mantienen son las
extractivas, que además, como las de la minería en Esmeraldas son ilegales y
resultan devastadoras con los ecosistemas y las comunidades? ¿A dónde va a
parar este oro barato fruto de un extractivismo salvaje que traslada sus
pasivos ambientales a las comunidades que son despojadas de sus ríos y del agua
limpia?.
