La mañana de este miércoles, 14 de octubre de 2020, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) presentó el Informe de Monitoreo Ambiental, realizado por laboratorios LABSU asociado al vicariato de Aguarico. Este documento corrobora que la contaminación continúa presente en los suelos de, al menos, seis de las 105 comunidades afectadas por el derrame de crudo y combustible del 07 de abril de 2020 a los ríos Coca y Napo.
Los días 19 y 20 de septiembre de 2020, se realizó un recorrido por 6 comunidades de la ribera de los ríos Coca y Napo de las parroquias Pañacocha y de la provincia de Sucumbíos, y las parroquias San Carlos, Orellana y Augusto Rivadeneira, del cantón Aguarico.
Las comunidades ubicadas en las riberas de los ríos Coca y Napo denunciaron públicamente que a seis meses de ocurrido el derrame y después de los trabajos de remediación realizados por las empresas responsables del evento, las comunidades todavía seguían contaminadas y que existía evidencia de esa contaminación en sus territorios.
La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador realizaron un informe que puedes ocnsultar aquí:
El informe basado en la inspección de agua y suelos en las riberas de los ríos Coca y Napo concluyó:
- Que se verificó la presencia de contaminantes como hidrocarburos y metales pesados como Níquel, Plomo y Vanadio.
- Que las sustancias encontradas son muy tóxicas para el medio ambiente y la salud de
las poblaciones y sobrepasan incluso los límites legales permisibles. Una de las muestras indican presencia de plomo 191 veces por encima de la norma y los hidrocarburos totales, 184 veces por encima de lo permitido.
- Que el derrame ha contaminado el agua de los ríos, los suelos, el aire, los cultivos, los animales domésticos y silvestres.
- Que el derrame de petróleo y combustible ha afectado a la naturaleza presente en las comunidades visitadas; y cinco, que a pesar de los trabajos de remediación realizados por las empresas responsables del derrame en las seis comunidades visitadas todavía existe evidencia de contaminación con hidrocarburos.
Estos hallazgos demuestran que seis meses después del derrame, las violaciones tanto a los derechos humanos como a la naturaleza no han cesado y que el territorio ya no provee agua ni alimentación segura a quienes vivían de sus cultivos. Además, junto con los testimonios recogidos en las comunidades, el informe ratifica la falta de un proceso apropiado, efectivo y concertado de remediación. supuestamente avanzado en un 90% según el Ministerio del Ambiente y las empresas responsables, Petroecuador y OCP, es un proceso insuficiente, inadecuado e inefectivo incluso según los pobres estándares reglamentarios vigentes.
El informe también incluye testimonios de comuneros kichwas sobre los efectos de la contaminación del agua del río, la muerte de peces y animales silvestres y la destrucción de cultivos de sus chacras. Todo esto en medio del confinamiento por la pandemia y sin medidas suficientes y oportunas para garantizar la salud y la alimentación.
A lo anterior se suma la falta de justicia. La sentencia dictada el 01 de septiembre recién fue notificada por escrito este lunes, 12 de octubre; es decir, 41 días después. Durante este tiempo, las comunidades se han encontrado en un limbo jurídico. Recién con la notificación de la sentencia, las comunidades y su equipo jurídico apelarán con la expectativa de que esta vez las vulneraciones sí sean reconocidas por un sistema judicial que, hasta la fecha, ha actuado con lentitud y desdén sospechoso.
