Traducción del articulo <<Large-scale resource extraction exacerbates the threat of COVID-19 across the American hemisphere>> publicado el 4 de mayo en Rabble.ca por Chrystal Désilets, Gabriela Jiménez, y Beth Lorimer de KAIROS Canada.
En Abya Yala y la Isla de la Tortuga, territorios conocidos como América, las respuestas gubernamentales y corporativas a la propagación del nuevo coronavirus han puesto en claro la crisis del status quo. Esto es especialmente cierto en el área de la extracción de recursos naturales a gran escala. La grave amenaza que representa COVID-19 en todo el hemisferio americano, especialmente para los pueblos indígenas, se ve exacerbada por el extractivismo y muchas comunidades indígenas exigen que las operaciones extractivas cesen de inmediato en todo el hemisferio dado su potencial para aumentar la propagación y los efectos del coronavirus.
Aun considerado un servicio esencial por los gobiernos, la industria extractiva continúa por la mayor parte libre de las medidas de salud pública impuestas a otras industrias y a una gran mayoría de la población mundial para contener la pandemia. El sector extractivo está poniendo en peligro su fuerza laboral y la vida de las comunidades, muchas de ellas indígenas, que viven cerca de los sitios del proyecto. Como señala MiningWatch Canada en la declaración “COVID-19: Las Empresas Mineras Ponen A Los Trabajadores Y A Las Comunidades En El Mayor Riesgo,” las operaciones extractivas, especialmente la minería, facilitan la propagación del coronavirus. El carácter transitorio y confinado del trabajo minero, la distancia de los sitios de proyecto a las instalaciones médicas y el acceso limitado a servicios de salud pública, incluyendo al agua limpia, en las comunidades indígenas crean condiciones ideales para la proliferación de COVID-19.
Los Shuar Arutam en Ecuador han planteado la posibilidad de que un brote de COVID-19 en su territorio esté conectado a una de las convenciones mineras más grandes del mundo. Los Xinka en Guatemala tomaron la decisión de retirarse temporalmente de su plantón pacífico y han denunciado el intento de la compañía de aprovechar la situación al proporcionar a la comunidad las necesidades básicas con la condición de su consentimiento. En Canadá, los pueblos indígenas—como Las Guerreras de las Casa Pequeña de los territorios Secwepemc, les líderes hereditaries Wet’suwet’en y la Unión de líderes indios de la Columbia Británica—exigen detener la construcción de oleoductos, gasoductos, y represas.
Los Unist’ot’en-Pueblo de las Cabeceras y Las Guerreras de las Casa Pequeña continúan sus esfuerzos de base para detener las continuas amenazas a la comunidad, creadas por la existencia de campamentos de hombres y los impactos del extractivismo. A causa del COVID-19, la lucha ahora debe cambiar para limitar la exposición a este virus mortal. Debido a la extracción de recursos a gran escala, los Wet’suwet’en no pueden ejercer sus derechos de soberanía limitando el acceso a cualquier persona que no sea residente.
La Coalición por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, compuesta por Naciones Indígenas, organizaciones de pueblos indígenas al nivel nacional y regional, grupos de derechos humanos y expertos y defensores individuales por toda la Isla de la Tortuga (América del Norte), ha emitido un llamado para que los gobiernos respeten el derecho de los pueblos indígenas para establecer condiciones de entrada en sus territorios.
Mientras que los pueblos indígenas están llamando atención a los riesgos de salud pública y los abusos contra los derechos humanos aumentados por el extractivismo, los gobiernos están aliviando o eliminando las barreras legislativas para extraer recursos y para el desarrollo de los monitoreos ambientales. La compañía petrolera estatal de México supuestamente está destruyendo de manera ilegal un manglar para construir una refinería. En Canadá, el gobierno provincial de Alberta suspendió los requisitos de informes ambientales para la industria extractiva y el gobierno de Ontario ha aflojado sus leyes en torno a la consulta citando la pandemia de COVID-19.
Al mismo tiempo se están aprobando leyes para criminalizar la defensa del territorio. La provincia de Alberta en Canadá, por ejemplo, introdujo recientemente un proyecto de ley, la Ley de Defensa de Infraestructura Crítica, que penalizaría severamente a cualquiera que haya apoyado de manera directa o indirecta a movilizaciones como los bloqueos.
La criminalización y la estigmatización de la defensa del territorio es un patrón recurrente en toda la región. Les protectores del territorio, especialmente las mujeres, son considerades regularmente «anti-desarrollo», «radicales» e incluso «terroristas». Por sus esfuerzos, algunes defensores del territorio son marginades de sus comunidades, mientras que otres enfrentan la inseguridad adicional de ser físicamente amenazades y atacades por actores estatales y no estatales. Front Line Defenders y Global Witness han expresado su preocupación por el número de asesinatos de defensores de derechos humanos que trabajan en la intersección de los derechos indígenas y el medio ambiente por todo el mundo.
La situación en Colombia es especialmente preocupante. A pesar del acuerdo de paz entre el gobierno federal y los FARC, un grupo guerrillero, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos informa que el noventa por ciento de los 181 ataques reportados en Colombia contra defensores del territorio entre 2015 y 2019 llamaron la atención sobre cuatro industrias: minería, combustibles fósiles, agricultura y ganadería, y represas hidroeléctricas. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, hasta la fecha, al menos 15 líderes sociales han sido asesinades desde que se implementaron medidas de distanciamiento físico.
En todo el hemisferio americano, numerosas comunidades en primera línea en la protección de la Madre Tierra están alzando la voz y, en algunos casos, arriesgando sus vidas para hablar en contra de la dependencia de los estados y las empresas en el extractivismo, una tendencia que continúa dañando el planeta y ha empeorado esta pandemia global.
Esta crisis requiere una acción urgente por parte de gobiernos y corporaciones. Como tal, pedimos a los gobiernos que ordenen de inmediato a las compañías extractivas que suspendan todas las operaciones para reducir la propagación de esta pandemia.
Además, esperamos un futuro donde:
- Los gobiernos y las corporaciones respeten los derechos indígenas, incluyendo el derecho a la libre determinación, como se describe en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;
- Los gobiernos federales para garanticen que las comunidades indígenas, rurales, y populares tengan acceso a servicios de salud pública adecuados;
- Los gobiernos proveen mecanismos de seguridad e investigación para apoyar el bienestar de les defensores del territorio;
- Los gobiernos y las corporaciones se aseguran de que se reconozcan y aborden los impactos diferenciados del extractivismo, incluyendo los impactos sociales y ambientales negativos en las mujeres y el aumento de la violencia de género;
- Los gobiernos asuman la responsabilidad y pagen la deuda ecológica contraída durante siglos de despojo extractivo; y
- Las empresas extractivas cumplan con los marcos de derechos humanos internacionalmente reconocidos y los gobiernos responsabilicen a las empresas por cualquier irregularidad.
