La NAWE entrega propuesta para el desmantelamiento de la infraestructura petrolera y la reparación de la naturaleza en el bloque 43 (ITT) del Parque Nacional Yasuní.
Ayer 15 de abril, miembros de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), entregaron a la Corte Constitucional el “Informe sobre una perspectiva psicosocial y comunitaria del cumplimiento de la decisión de la consulta ciudadana y dictamen de la Corte Constitucional sobre el cierre de las explotaciones del ITT en el Parque Yasuní“, el cual resalta que “el cese de las operaciones petroleras y la protección del Parque Yasuní y la Amazonía representan una decisión histórica para Ecuador y la Nacionalidad Waorani, que contribuye a los desafíos globales de protección ambiental, cambio climático y transición energética”.
Este informe fue elaborado por el perito Carlos Beristain, docente de la Universidad de Deusto del País Vasco, a petición de la NAWE, desde una perspectiva comunitaria, tomando en cuenta circunstancias de las comunidades afectadas, incluidos los waorani que han tenido contacto reciente, así como los pueblos indígenas aislados Tagaeri-Taromenane y Dugakairi (PIAV), junto con la población kichwa. También analizó las implicaciones sociales y culturales presentes en este caso.
En mayo de 2023, la Corte Constitucional emitió el dictamen de constitucionalidad para una pregunta clave que sería sometida a una Consulta Popular en Ecuador. Esta consulta tenía como objetivo principal determinar si la población ecuatoriana estaba a favor de que el gobierno mantuviera el petróleo del bloque 43, conocido como ITT, bajo tierra. Cabe destacar que esta consulta fue originalmente propuesta en el año 2013, sin embargo, fue rechazada debido a un fraude perpetrado por las autoridades en ese momento.
Pasaron diez años y finalmente, el 20 de agosto de 2023, se llevó a cabo la consulta, coincidiendo con las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. La opción de dejar de explotar el petróleo en el bloque 43 obtuvo una victoria contundente, con el 58,9% de los votos a favor del SÍ. Mientras que, la Corte Constitucional, al validar los resultados de esta consulta, estableció un lapso de un año para el cese de las operaciones, además de definir las responsabilidades del Estado en el desmantelamiento de las instalaciones, la restauración del área afectada y la protección del territorio.
En el informe se dan recomendaciones al Estado ecuatoriano para que realice el cierre del ITT con una reparación integral, a la naturaleza y a las comunidades, lo cual también representa una oportunidad histórica para transformar las relaciones con los pueblos indígenas en la Amazonía y la sociedad ecuatoriana en su conjunto.
Entre las recomendaciones, se destaca la necesidad de revertir la lógica que ha guiado la acción petrolera en la Amazonía, caracterizada por una relación asimétrica de poder y falta de información en las negociaciones con las comunidades afectadas; además la importancia de superar obstáculos como la dependencia, divisiones comunitarias y problemas de cohesión en las medidas a adoptar durante el proceso de cierre del ITT; la participación directa de las comunidades en la planificación y ejecución de las acciones de reparación y restauración, así como la necesidad de información clara y evaluación conjunta de la situación del territorio; y, se señala la importancia de establecer mecanismos de cumplimiento efectivos, reconocer los derechos de las comunidades afectadas y abordar las condiciones económicas y sociales durante el proceso de transición.
