1er parte.
La madrugada del 7 y el transcurso del día 8 de mayo los comuneros y comuneras de la parroquia de Molletura decidieron hacer algo por su vida; la defensa del agua y la tierra en los Páramos frente al extractivismo minero lo vale, decían mientras el frío, la humedad y la neblina mostraba lo que se esperaba, horas de resistencia.
En un comunicado publicado el mismo 8 de mayo por parte de Yasunidos Cuenca, explican la importancia de la acción directa de los y las comuneras de Río Blanco:
Por años, no encontraron respuesta en las autoridades nacionales, provinciales y locales a sus demandas de justicia frente a las arbitrariedades y atropellos que vienen sufriendo, entre ellas, la falta de consulta ambiental con respecto al proyecto minero. Al amparo del derecho constitucional y humano a la resistencia tomaron esta medida de hecho para garantizar su derecho fundamental al agua y, ‘de paso’, garantizar el derecho de muchas otras poblaciones.
La parroquia de Molleturo se encuentra enclavada en la Reserva de la Biosfera del Cajas. Páramos que regulan y mantienen el equilibrio acuoso en la región donde se benefician cientos de miles de habitantes de su calidad de agua potable; en esta zona es donde se decidió enfrentar a la empresa minera de origen chino, al tomarse el campamento los días 7, 8 y 9 de mayo de la empresa Junefield, subsidiaria en Ecuador como Goldmining South America S A., ubicado en la comunidad de Río Blanco.
En el mismo comunicado los hechos se narraron de la siguiente manera:
En estos momentos, se registran enfrentamientos entre comuneros a favor del proyecto minero y comuneros a favor de dejar los páramos libres de minería para salvaguardar esa fuente de agua. Así también, se reporta que alrededor de un centenar de efectivos policiales y militares se desplazan hacia el lugar. Todo esto configura una situación de extremo peligro para la integridad y la vida misma de los comuneros.
Queremos expresar explícitamente que este conflicto es responsabilidad, en primer lugar, de la compañía minera, que en contra de la voluntad comunitaria, pretendió imponer su proyecto con estrategias de corrupción y división social. Y, en segundo lugar, a los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno porque en vez de garantizar sus derechos, no cumplieron con sus obligaciones o en el peor de los casos, fueron cómplices.
9 de mayo en Quito.
Las organizaciones miembros de la Federación Internacional de Derechos Huamnos (FIDH), ligas en Ecuador, se pronunciaron sobre la fuerte violación a los Derechos Humanos. Patricia Carrión a nombre de CEDHU, INREDH y Acción Ecológica explicó que hay una vulneración y preocupación doble al saber que hay heridos y que la Cruz Roja intentó entrar para sacarlos; pero eso no se pudo por que los obreros de la mina (la mayoría originarios de la zona de Cochapamba) no lo permitieron; así lo confirma el día de hoy 10 de mayo Yaku Pérez en rueda de prensa desde Cuenca.
De igual manera tanto como la vicepresidenta del ECUARUNARI Blanca Chancozo y el presidente Jaime Vargas de la CONAIE expresaron su preocupación sobre la violencia y militarización de la zona, cuando las comunidades tienen el derecho a defender la vida. Para las comunidades indígenas el extractivismo minero y petrolero es inconstitucional
Compartimos el pronunciamiento del Frente Antiminero Caminantes:
CAMINANTES -articulación nacional de comunidades y territorios afectados por la minería- y las organizaciones que acompañan los procesos de resistencia- expresamos nuestra profunda preocupación por los sucesos de la noche y madrugada del 8 y 9 de mayo en la parroquia Molleturo, del cantón Cuenca, provincia del Azuay.
Desde sus primeras fases, el proyecto minero Río Blanco, cuya ejecución está a cargo de la empresa Ecuagoldmining (establecida por la china Junefield Resources S.A.), generó el rechazo de las comunidades campesinas e indígenas por la destrucción del páramo, la contaminación de los suelos y el agua que amenazan a la salud y sus vidas.
El Estado no ha garantizado de manera efectiva el ejercicio de los derechos colectivos como la consulta previa, libre e informada, no se han respetado las decisiones comunitarias sobre el destino de su territorio, sus propias prácticas productivas y de vida social, como demanda la Constitución ecuatoriana. En su lugar, dio paso a un proyecto extractivista altamente perjudicial para las poblaciones locales y permitiendo, además que la empresa china aplique estrategias de división y ruptura del tejido social.
Ante el incumplimiento de sus derechos y los oídos sordos a sus demandas, la población ha tomado acciones de hecho directas para exigir la salida de esta empresa. Por tal razón, responsabilizamos al Estado y a la empresa minera por las consecuencias de los hechos ocurridos en la parroquia Molleturo.
Descarga el PRONUNCIAMIENTO SOBRE RIO BLANCO.
El medio de comunicación Sin Etiquetas desde Cuenca, hace un recuento de los hechos de Río Blanco, una cronología que muestra no sólo las agresiones por parte de la empresa minera; sino el problema real al que se enfrenta la sociedad del Azuay y el país, al permanecer un proyecto minero de gran escala en un ecositema andino que posibilita que el líquido vital llegue a millones de habitantes del Ecuador.
