Dirigentes de las comunas impactadas por el derrame del 7 de abril y organizaciones sociales, denuncian dilación de la audiencia de acción de protección y la falta de atención humanitaria y médica para los afectados.
A pesar de transcurridos 75 días del derrame de al menos 15,800 barriles de petróleo y que múltiples organizaciones comunitarias, eclesiales y la Alianza por los derechos humanos en Ecuador, interpusieran una demanda de acción de protección con medidas cautelares a favor de todas las comunidades y personas indígenas afectadas, el proceso no avanza. La audiencia inició el 26 de mayo y permanece suspendida desde el 1 de junio, por presunta enfermedad del juez a cargo de la diligencia; y hasta la fecha no se ha recibido ninguna notificación formal y escrita sobre la reinstalación o las medidas que tomará la Judicatura para que las víctimas no continúen en indefensión.
La situación de las comunidades impactadas no solo es alarmante, sino crítica, especialmente en la salud de niñas y niños. Varios presentan manchas, sarpullido o laceraciones en el cuerpo, que aparecieron semanas después de la contaminación de las aguas de los ríos.
La presencia de problemas dérmicos, un brote de dengue y casos con sintomatología asociada a COVID-19, son cada vez más frecuentes. Estos efectos agudos generados por el derrame y la pandemia, son visibles en al menos el 70% de las comunidades impactadas por las sustancias contaminantes de los combustibles.
Las comunidades afectadas denuncian que no se ha brindado atención humanitaria adecuada, inmediata y especializada del sistema de salud pública; las personas enfermas han recibido medicamentos como ibuprofeno o ácido fusidico, sin consideración de su grupo etario, patologías e historial clínico. Medicamentos que deben usarse cuidadosamente porque no son adecuadas para tratar cuadros de COVID-19, Dengue, Zika, entre otros. Además, los medicamentos para uso tópico entregados por las brigadas médicas ayudan a la inflamación, pero no son la respuesta a un tratamiento periódico y evaluativo.
Según criterios de expertos, los daños en la piel son propios de personas que han estado expuestas al contacto con el agua del río contaminado; la gravedad de estas afecciones se puede intensificar si el ambiente, – sea el suelo, agua, alimentación -, continúa contaminado.
Las comunidades y las personas afectadas no cuentan con agua segura para enfrentar los desafíos de una pandemia; varias se ven forzadas a utilizar agua del río para alimentación, labores limpieza y aseo personal. Además, se conoce, por parte de los dirigentes comunitarios y las organizaciones locales, que los casos con sintomatología asociada a COVID-19, va en aumento. Se requiere de forma urgente realizar pruebas PCR masivos y territorializados a efectos de establecer si se trata o no de casos positivos.
En este cuadro crítico, además, se dio un nuevo derrame de gasolina el pasado 18 de junio en el sector de San Rafael, del cual se desconoce la magnitud de sus impactos. No obstante, el patrón se repite. Con este nuevo derrame las comunidades no fueron informadas y tampoco alertadas.
Por este motivo, alrededor de 27 mil personas indígenas afectadas por este derrame y las organizaciones de la Alianza, exigen al Estado garantizar sus derechos colectivos y evitar que la negligencia del sistema de justicia no les permita acceder al agua segura, a una alimentación y ambiente sano, a medidas de protección efectivas y a una reparación integral.
