Este 29 de septiembre llegaron al Consejo de la Judicatura en Quito representantes de las comunas kichwas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el pasado 7 de abril en el río Coca para exigir que la sentencia dictada oralmente el 1 de septiembre por el Juez Jaime Oña, les sea notificada por escrito, ya que hasta el momento el Juez no lo ha hecho, razón por la cual las y los afectados no han podido acceder a su derecho de apelación.
La sentencia negó las medidas interpuestas por las comunidades para exigir reparación por los daños a la naturaleza y a la salud de cientos de personas, causados por el derrame de petróleo por la ruptura del OCP, SOTE.
Las y los representantes también denunciaron que al ingreso a Quito fueron detenidos por elementos de la Policía Nacional. Las excusas pasaron de “problemas en las licencias de operación de los buses” hasta “porte ilegal de armas”, en alusión a las lanzas con las que tradicionalmente se movilizan los indígenas amazónicos. Solamente tras la llegada del equipo legal de los indígenas Kichwas y en un acto también inexplicable, les dejaron seguir el trayecto hacia el Consejo de la Judicatura.
El grupo entregó un escrito extenso donde denuncia los hechos que revelan violaciones sistemáticas al proceso. Entre otras: las constantes dilaciones sin respuesta por parte de la administración de justicia; la falta de imparcialidad del juzgador en favor de las empresas
contaminadoras y sus afirmaciones en el juicio; así como, la sospechosa falta de notificación de la sentencia que impide seguir con el proceso.
