La mañana de este lunes, 14 de diciembre de 2020, decenas de indígenas kichwas se concentraron en los exteriores del Consejo de la Judicatura de Orellana para entregar más de 14.000 firmas recibidas desde los cinco continentes. El objetivo de los manifestantes fue exigir a la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Orellana a cargo de la audiencia de apelación, justicia y reparación para las víctimas del derrame de crudo ocurrido el pasado 07 de abril.
El plantón tuvo la presencia de jóvenes de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la Federación de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (F.C.U.N.A.E.) en conjunto con Alianza Ceibo y las organizaciones de la Alianza por los Derechos Humanos, quienes han trabajo en este caso por más de 8 meses.
«El mundo apoya a las y los afectados por el derrame, hoy vamos a ingresar alrededor de
15.000 firmas en un Amicus Curiae, que apoyan a las víctimas y exigen a los jueces de la Corte Provincial de Orellana Justicia el acceso a una reparación justa y el derecho a una audiencia pública». Presidenta de la Comunidad de Toyuca, Verónica Grefa.
La falta de respuestas oportunas y de un debido proceso judicial se enmarca en un ciclo de injusticias donde los más de 27,000 afectados y afectadas por el derrame no han tenido acceso a la tutela judicial efectiva y a mecanismos de reparación integral. Cabe señalar que el derrame se produjo el 7 de abril, el 29 de abril se interpuso una acción de protección y medidas cautelares que actualmente se encuentra en fase de apelación.
Asimismo, la decisión del juez en primera instancia no se ajustó a los principios de interculturalidad, y negó sus derechos a la reparación integral y la restitución de los medios de vida que fueron arrebatados por la negligencia de las empresas (OCP y Petroecuador) y las autoridades estatales.
“La justicia no existe en la provincia de Orellana. Solo atañen los intereses de la petrolera. Estamos aquí para decir que no estamos asustados y pedimos audiencia”. Presidente de la FCUNAE, Carlos Jipa.
Pese a la trascendencia del caso y los derechos que tienen las personas y pueblos indígenas, el jueves, 10 de diciembre de 2020, día en el cual se conmemoraban los Derechos Humanos, paradójicamente, la Corte Provincial de Orellana informó a las víctimas del derrame que su voz no será escuchada en el proceso de apelación de la sentencia de primera instancia.
Esta decisión de cancelar la audiencia, nuevamente, vulnera los derechos a la motivación, la defensa, la interculturalidad y el acceso a la justicia de las comunidades y es parte de la sistemática vulneración de derechos que el pueblo kichwa ha sufrido en estos 8 meses que transcurre el proceso legal. Por esto, exigimos al Estado ecuatoriano, al Consejo Nacional de la Judicatura acciones diligentes y un espacio de escucha para los pueblos afectados, siendo ellos los principales testigos y las principales víctimas de las consecuencias que ha traído el derrame.
