El 25 de enero del 2021 se llevó a cabo la Sesión No. 66 de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional en la cual fueron citados a comparecer los representantes del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Ministerio del Ambiente y Aguas, Ministerio de Gobierno y la Presidenta del Consejo de la Judicatura para que informen cuales son las acciones que de han hecho para dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas desde el 2011, en procura de detener el daño que la minería esta causando a la biodiversidad del Bosque del Chocó
Después de casi 4 horas de sesión de la comisión, se dio paso a las comparecencias, comenzando por el Ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, quien por medio de un escrito solicitó una nueva fecha para su comparecencia, ya que no pudo esperar más tiempo, porque tuvo que atender otras reuniones oficiales que ya tenía agendadas.
Posteriormente, se llamó a la Presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, quien no se presentó ni mandó ninguna justificación para su ausencia, faltando de esa manera a sus responsabilidades como servidora pública y a la solicitud de los y las asambleístas y de las comunidades afectadas.
El ministro René Ortíz, del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables sí estuvo presente, dio una comparecencia, pero no mencionó ninguna de los trabajos o acciones realizadas para el cumplimiento de las medidas cautelares. Se limitó a dar un informe sobre el catastro minero y la situación en la que se encuentra esa información. Al ser cuestionado por Nathalia Bonilla, de Acción Ecológica sobre las acciones del ministerio sobre el tema de las medidas cautelares, tema por el cual se le había citado a la Asamblea Nacional, el presidente de la comisión Fredy Alarcón, siendo incongruente con el mismo escrito de invitación de la comisión, mencionó que eso no le correspondía a ese Ministerio.
Después se llevó a cabo la comparecencia del Ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño, quien había faltado a la solicitud de la sesión pasada. La comparecencia estuvo llena de números sobre recorridos, vigilancias, monitoreos y estudios, pero hubo un tema que llamó la atención: el otorgamiento de licencias ambientales, a través de actos administrativos, a la empresa COPROSAN, 5 años después de que el Juzgado Multicompetente del cantón San Lorenzo en el año 2011 dictara medidas cautelares a favor de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, donde se prohibía cualquier actividad minera en el territorio.
Para las comunidades, organizaciones y ciudadanos que atendian la comparecencia, la información dada por ambos ministros se queda corta y en otro caso es totalmente nula, para responder a la situación que viven todos los dias las comunidades afros e indígenas en Esmeraldas, tal como menciona Nathalia Bonilla, de Acción Ecológica, “nos quedan muchas dudas después de esas dos comparecencias. Las medidas cautelares no se han cumplido, hay muchas acciones que se cuentan, pero muy pocas que de verdad estén dirigidas a los dos cantones, lo cual ha permitido que la contaminación por la minería aurífera esté en aumento.”
Marlene Corozo Presidenta de UONNE al dar su testimonio mencionó que “En realidad, Ministro Paulo Proaño, me da pena, acá no hay proyectos, acá nadie está ayudando a nadie, pedimos esas medidas cautelares (en 2011) con la esperanza de vivir en un medio ambiente sano, de que nuestros hijos se coman un pan digno y que no esté contaminado. La contaminación está en todo el Norte de Esmeraldas, los cangrejos están contaminados, los pescados que nos comemos del mar están contaminados, las conchas, todo está contaminado”
El Presidente de la Nacionalidad Chachi, Santiago Delacruz cuestionó las acciones e información dada por el Ministro del Ambiente Paulo Proaño “No conocemos la inversión que ha hecho el Ministerio (del Ambiente y Agua) para estos beneficios que cuenta. Ahora que nos involucra el tema de la contaminación minera, la población Chachi esta sufriendo para conseguir el agua, porque el agua está gravemente contaminada y permanecen turbias. El Ministerio ni hace nada contra los actores que contaminan la salud humana y contaminan el ambiente, no hay ninguna presión para poner mano dura, al contrario el Ministerio del Ambiente está persiguiendo a los hermanos chachis a fin de prohibir que utilicen los recursos”
Durante la comparecencia, también se le dio la palabra al docente Eduardo Rebolledo, de la Universidad de Esmeraldas quien mencionó que “En estudios de 2017 y 2018, observamos un efecto preocupante, a pesar de que algunas minas dejan de funcionar, los ríos siguen contaminados y están llenos de metales que son peligrosos si el agua es consumida. Hemos detectado metales pesados, que pueden causar enfermedades degenerativas con los años, se tienen que empezar a tomar precauciones con tiempo. Desde 2018 a la fecha, la minería ha aumentado, se han retomado frentes y ríos que estaban en recuperación han sido tomados nuevamente por la minería.” Por último cuestionó el papel de las fuerzas armadas quienes en 2018 pararon los operativos de control minero “tenían un efecto de control y se descontinuó, quisiéramos saber ¿Por qué pararon?.”
Durante la comparecencia se hizo un llamado para que en una próxima sesión se lleve a cabo la Comparecencia del Defensor del Pueblo, Fredy Carrion. Pero al encontrarse presente una representante de la defensoría, se le dio la palabra para poder hablar sobre este tema. Melida Pumalpa mencionó “Llevamos 8 años con 9 meses esperando a que las medidas se cumplan, quisiera referirme al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que manifiesta que no tiene obligación de comparecer sobre el tema de las medidas cautelares, al contrario su obligación está en la medida cautelar. Se dispone que se detenga toda la actividad minera.”
Después de casi 6 horas, la sesión se dio por terminada, con respuestas ambiguas y sin un informe claro de las actividades que los diferentes ministerios han llevado a cabo para hacer cumplir las medidas cautelares dictadas desde 2011 en San Lorenzo y Eloy Alfaro, sin embargo se convocará una tercera comparecencia y se definen fechas para la visita in situ, sin duda alguna, la situación de la minería del norte de Esmeraldas, es compleja y tres semanas es todavía poco tiempo para poder abarcar lo sucedido en diez años en contra de los derechos de la naturaleza y las comunidades afroecuatorianas e indígenas.
