El 23 de septiembre en los exteriores del Complejo Judicial Norte, representantes de las organizaciones que forman parte de la Alianza por los derechos humanos y de la naturaleza presentaron una demanda de medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano por la inminente vulneración de los derechos de los pueblos en aislamiento y de la naturaleza, por la construcción de una vía que atraviesa el Yasuní en bloque 43 y que se encuentra a escasos metros de la franja de amortiguamiento de la zona intangible.
Las organizaciones de la Alianza piden a la justicia ecuatoriana que a través de unas medidas cautelares detenga inmediatamente la construcción de la carretera y plataformas ishpingo A, B, C, y D, en el corazón del Parque Nacional Yasuní. Estos hechos podrían conllevar al exterminio de los pueblos indígenas aislados Tagaeri y Taromenane que habitan en esta región y cuya supervivencia depende estrictamente de sus territorios, esta situación se ve agravada con la pandemia, donde el cantón Aguarico ha sido el cantón con mayor número de contagios de Covid-19 a causas de las actividades extractivas en el Yasuní.
El 10 de mayo del 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado ecuatoriano medidas cautelares a favor de los pueblos aislados Tagaeri, Taromenane y otros, y que en la actualidad el caso se encuentra en la Corte interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por las sistemáticas vulneraciones por parte del Ecuador a las medidas establecidas por CIDH.
