La organización Acción Ecológica presentó, el 03 de octubre de 2022, dos “amici curiae” ante la Corte Constitucional en el Caso No. 4-22-RC con el objetivo de que la jueza Alejandra Cárdenas los incluya en la resolución de la sentencia. En estos se dan argumentos sobre la inviabilidad de dos preguntas, la número 7 por atentar contra el derecho al agua y los sistemas comunitarios de agua, y de la pregunta 8 sobre servicios ambientales por restringir el ejercicio de derechos colectivos y territoriales de las poblaciones.
El Ejecutivo, el 12 de septiembre de 2022, envió a la Corte Constitucional el documento con ocho preguntas de consulta popular para su revisión y calificación, en donde priman temas de seguridad, medioambiente e institucionalidad, en caso de que las preguntas se enmarquen en la Constitución, se enviarán al Consejo Nacional Electoral para que este llame al proceso electoral en enero de 2023 durante las elecciones de nuevos gobiernos locales.
Entre ellas están las preguntas 7 y 8, que buscan crear un subsistema de protección hídrica, y proveer compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales, respectivamente.
En cuanto a la pregunta 7, Acción Ecológica en un artículo de opinión del 20 de septiembre de 2022, indica que “Ser parte del sistema de Áreas Protegidas no garantiza la conservación, ni sustituye la obligación de proteger todos los ecosistemas frágiles y el derecho al agua”. Y argumenta que la pregunta 7 es inconstitucional porque “la Corte ya se pronunció en ese sentido, cuando declaró la inconstitucionalidad por la forma, de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua (LORHUA) y su Reglamento, pues contraría el Art. 57 numeral 17 de la Constitución de la República del Ecuador”.
De igual forma, respecto a los servicios ambientales, Acción Ecológica manifiesta que “Son negocios especulativos, en muchos casos estafas, o en esencia permisos para contaminar y seguir asolando el mundo”, por ende, advierte que “Por eso debemos oponernos a este tipo de negocios ya que son solo una nueva forma de despojo de derechos y de acaparamiento de tierras”.
La Corte Constitucional debe emitir un dictamen en un plazo de 20 días laborables, aunque si no existe un pronunciamiento se entenderá que las preguntas son constitucionales. En caso de que exista constitucionalidad de las preguntas la Corte debe notificar a la Presidencia y al Consejo Nacional Electoral (CNE), este último en el lapso de 15 días debe convocar a las elecciones, las cuales se realizarían en un tiempo máximo de 60 días.
