MUNICIPIO DE QUITO MASIFICA PUBLICIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO

Luego de un año y medio de discusiones sobre la regularización de soportes publicitarios, el Consejo Metropolitano del Municipio de Quito aprobó la Ordenanza 104 – 2025 el 30 de octubre pasado, dando paso a la masificación exacerbada de publicidad exterior en la ciudad: es decir, un incremento exponencial de vallas y anuncios publicitarios en el espacio público, vías colectoras y secundarias, en barrios residenciales, carreteras, edificios,terrazas, cerramientos, etc.
Desde hace décadas existe evidencia científica respecto a las consecuencias negativas de la publicidad exterior para la calidad de vida de las personas en las ciudades. Los anuncios publicitarios excesivos (más aún si son lumínicos o 3D) producen contaminación visual, una sobrecarga de estímulos con efectos adversos para la población:
- Afectación a la salud física y mental de las personas (directamente relacionado con el estrés ambiental:
fatiga mental, irritabilidad, ansiedad, alteraciones al sueño y a los ciclos naturales de descanso). - Generan mayor riesgo vial (aumento de siniestros de tránsito por distracción, bloqueo del control visual
y aumento del tiempo de reacción). Obstaculizan la circulación por veredas. - Deterioro del paisaje urbano, el derecho a la vista y la identidad urbana de la ciudad.
Según datos de la Agencia Metropolitana de Control (junio, 2024), de un total de 1040 vallas colocadas en Quito, el 86% (889 vallas) de ellas son ILEGALES (sin permiso ni licencia), es decir, no han pagado un solo centavo a la ciudad por el uso de nuestro espacio público, y apenas el 14% son legales (151).
¿Para qué una nueva Ordenanza?
Mientras las ciudades del mundo generan normativa y aplican medidas que limitan y restringen la exposición de las personas a la publicidad exterior, en Quito pasa todo lo contrario. El proyecto impulsado por el alcalde Pabel Muñoz buscó modificar el régimen de licenciamiento y control de publicidad exterior, permitiendo legalizar las 889 vallas ilegales y condonando la deuda millonaria que tienen con la ciudad. Pero, lo inaudito es la estrategia de los denominados Polígonos de Publicidad Masiva (PPM), donde no se exigen distancias mínimas entre anuncios, ni alturas, ni se los retirará; por el contrario, se los mantendrá en dónde estén ubicados, lo que representa en la práctica, premiar a quienes irrespetaron la ley, generando una ordenanza a la “carta”.
En definitiva, resultó que el remedio es peor que la enfermedad.
Grupos ciudadanos, acreditados a la silla vacía de dicha ordenanza, y expertos urbanos, han advertido cómo esta propuesta favorece la regularización de lo ilegal, así como permite que empresas valleras – fácilmente- evadan su responsabilidad económica. Cabe indicar que, en dos años y medio de la actual administración municipal- no se ha sancionado la instalación de vallas sin permiso, instaladas por toda la ciudad, a vista y paciencia del Municipio.
Consideramos que es la falta de sanciones efectivas la ha permitido que, durante años, grandes empresas de publicidad operen sin control adecuado, y que por lo tanto, no hizo falta crear una nueva ordenanza, porque favorece a las empresas incumplidas y castiga a las empresas que han pagado a tiempo la tasa por la licencia LMU 41.
Conclusión
Pese a las advertencias ciudadanas en torno a lo lesiva y perjudicial que sería para la ciudad y sus habitantes la promulgación de este proyecto de ordenanza, esta fue aprobada en Concejo Metropolitano: 14 votos a favor, 3 votos en contra y 6 ausencias, que revelan como el espacio público de Quito está a merced de quienes infringen la norma y si no cancelan sus deudas, se las archivan… Así la ciudad es agredida grotescamente, ofendida y denigrada. No se piensa en el interés público y calidad de vida de la ciudadanía (salud, seguridad, espacio público de calidad, paisaje e identidad urbana) si no en tapiñar y beneficiar a grupos económicos del sector vallero.
¡No lo podemos permitir!
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