En días recientes, la Contraloría General del Estado, publicó el infomre final sobre el proyecto minero de Llurimagua; concesión administrada por la Empresa Minera del Estado y la empresa estatal de Chile CODELCO. En este Informe muestra más de 10 irregularidades sobre el proceso de adjudicación y exploración avanzada en el Valle de Intag, cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura.
Desde 2018, la Contraloría General del Estado analiza una serie de irregularidades denunciadas por comunidades y organizaciones sociales respecto de varios proyectos de minería a gran escala, en Ecuador. Tal es el caso del proyecto LLurimagua acerca del cual la Contraloría General del Estado ha emitido su informe final.
El proyecto minero LLurimagua, ubicado en la zona de Íntag en el cantón Cotacachi, está a cargo de la Empresa Nacional Minera (ENAMI) y de la Corporación Nacional de Cobre de Chile (CODELCO) empresa que, hasta la presente fecha ha financiado la mayoría de las actividades exploratorias que se llevan a cabo desde 2015. Las actividades mineras realizadas al margen del control de las entidades gubernamentales, han devenido en una serie de irregularidades legales y de atropellos a los derechos humanos. Esto ha sido tan grave, que la Contraloría General del Estado ha determinado doce irregularidades, concluyendo en su informe final que la concesión minera LLurimagua debió haber sido REVOCADA. (ver boletín completo aquí)
Silvia Quilumbango, presidenta de la DECOIN en Rueda de Prensa nos explica hacia dónde va la estrategia para lograr que se cumpla el Informe de la Contraloría General del Estado y lo que ratificó la Defensoría del Pueblo
José Cueva, exfuncionario del cantón Cotacachi y habitante del Valle de Intag, defensor de la Naturaleza habla sobre la contaminación ya existente en los ríos y los fuertes niveles de irregularidades que deberían provocar el cierre definitivo de la empresa y por tanto de la concesión minera.
Javier Ramirez es habitante de Junín, una de las zonas donde la minería entró gracias al apoyo del Ejército ecuatorinao y las fuerzas especiales de la Policía en el 2014. Javier fue preso injustamente y en el 2015 salió cumpliendo su condena por casi un año. Expresó la importancia de defender el territorio y el trabajo comunitario que ha posibilitado que sigan unidos; aunque el Estado y las empresas han hecho todo para dividirlos.
Patricia Carrión, abogada de la CEDHU, ha acompañadao diferentes procesos sociales; explica que el Informe, arroja las irregularidades en el proceso adminsitrativo y de concesión al proyecto Llurimagua, que permiten su clausura definitiva; y que además es importante destacar que las sanciones propuestas por el Informe de la Contraloría General del Estado y que ratific la Defensoria dle Pueblo, no sólo deben ser administrivas, sino judiciales en donde se pueda determinar.
