Desde hace más de dos meses, los habitantes de las counidades de Río Blanco, resisten frente a un proyecto minero que busca a toda costa imponerse en los páramos. Durante el contexto de la Ruta por la Verdad y la Justicia, en el marco de la Audiencia de los Páramos, se hizo una misión de verificación con diferentes actores, organizaciones y movimeintos sociales.
A contnuación reproducimos la Alerta por parte de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
EL GOBIERNO NACIONAL ESTÁ OBLIGADO A PROTEGER A LA COMUNIDAD DE RÍO BLANCO LAS AGRESIONES, HOSTIGAMIENTOS Y AMENAZAS COMETIDOS POR LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL PROYECTO MINERO DEBEN TERMINAR
Quito, 14 de octubre de 2017 Mientras el gobierno nacional capta la atención política alrededor de la consulta popular en la que incluyó una pregunta para prohibir, sin excepción, la minería en las áreas protegidas, zonas intangibles y zonas urbanas del país, los conflictos socio-ecológicos que la política pública extractiva han provocado en los últimos diez años se agravan e intensifican afectando los derechos humanos de las poblaciones campesinas y rurales y amenazando con devastar ecosistemas de los que dependemos.
Desde hace 64 días la comunidad campesina de Río Blanco acampa en el acceso al proyecto de minería metálica que lleva el mismo nombre y que está a cargo de la empresa china Junefield Resources, a través de su subsidiara Ecuagoldmining S.A. Sus concesiones para explotación de oro se encuentran en el bosque protector Molleturo-Mollpungo, zona de páramo de la que nacen vertientes de aguas y que colinda con el Parque Nacional Cajas. Está ubicado en la parroquia rural de Molleturo, cantón Cuenca, provincia del Azuay y es uno de los últimos remanentes boscosos más grandes en la cordillera occidental de los Andes.
Andrés Durazno y Mónica Guarango, dirigentes de Río Blanco, el día de ayer 13 de octubre de 2017, denunciaron las agresiones, hostigamientos y amenazas ejecutadas los días 8 y 9 de octubre por los miembros de la empresa de seguridad de la empresa Ecuagoldmining S.A. Durante las noche y madrugada de esos dos días arremetieron contra la casa donde permanecen niños, niñas, hombres y mujeres de Río Blanco, lanzaron piedras contra el techo hasta perforarlo e insultaron a sus ocupantes mientras hacían sonar sus machetes contra las paredes de la casa. No se reportaron heridos por estos hechos.
Frente a esto, y acogiendo la invitación de los pobladores de Río Blanco, el viernes 13 de octubre varias comunidades campesinas e indígenas de diversas provincias del país (Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Cañar, Loja, Manabí y Guayas) junto con organizaciones ecologistas y de derechos humanos visitaron la comunidad de Río Blanco y celebraron un encuentro de comunidades en resistencia a la minería para expresar su solidaridad y verificar la situación de las y los campesinos afectados por el proyecto minero.
Desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), liga de la Federación Internacional de Derechos Humanos, denunciamos que los hechos ocurridos el 8 y 9 de octubre constituyen graves amenazas contra las y los defensores de derechos humanos, territoriales y de la naturaleza de Río Blanco, y denunciamos que el gobierno nacional ha dispuesto a la Policía Nacional del Ecuador para que proteja los intereses de esta empresa
transnacional y no a las comunidades de la parroquia rural de Molleturo pese a la denuncia penal ya presentada por estos hechos.
Así mismo alertamos sobre el riesgo que enfrenta la comunidad de Río Blanco, en especial quienes permanecen en el campamento en protesta por las afectaciones de este proyecto minero, tanto por las actuaciones de la empresa de seguridad contratada por Ecuagoldmining S.A. así como por el operativo policial desmedido para proteger a dicha empresa. El día de ayer un contingente de alrededor de 15 policías de fuerzas especiales (GIR y GOE) fuertemente armados custodiaban el ingreso a la mina junto con guardias de seguridad cubiertos armados y cubiertos el rostro. Mientras tanto, las comunidades no cuentan con protección pese al grave riesgo que enfrentan.
Advertimos también que cualquier nuevo acto de hostigamiento, amenazas o agresiones que sucedan contra los pobladores de la parroquia rural de Molleturo, principalmente los de la comunidad de Río Blanco, son de entera responsabilidad del Estado Ecuatoriano quien tiene la obligación constitucional y de derechos humanos de proteger a las poblaciones afectadas por actividades extractivas.
Ante la gravedad de estos hechos, nos solidarizamos con las comunidades campesinas e indígenas de Molleturo y solicitamos la máxima difusión de esta alerta.
FOTOGRAFÍAS TOMADAS EL 13 DE OCTUBRE DE 2017
Francisco Xavier Hurtado Caicedo ASESOR JURÍDICO COMISIÓNE ECUMÉNICA DE DERECHOS HUMANOS – CEDHU +593998598417 francisco.hurtado@cedhu.org
