Este lunes 18 de enero del 2021, la comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional recibió a una delegación de Esmeraldas para escuchar su denuncia por el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas desde el año 2011 en donde se prohíbe la actividad minería en sus territorios.
A la comisión asistió Isabel Padilla de la Pastoral Social de Esmeraldas, Santiago de la Cruz, presidente de la nacionalidad Chachi, Salvador Shirimia presidente de la nacionalidad Epera, Marlene Corozo presidenta de la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas y Nathalia Bonilla de Acción Ecológica.
Santiago de la Cruz, presidente de la nacionalidad Epera, explicó cómo las zonas de extracción minera han sido convertidas en espacios de sacrificio. Asimismo, habló de la importancia de las diversas especies para la vida y la preservación de la cultura de su pueblo “Cada uno de los animales es un guardián de algo, si se pierde un animal también se pierde la cultura. Por eso nos preocupa la actividad extractiva”. El presidente de la nacionalidad Epera terminó su intervención pidiendo que se acabe con la minería “legal” e ilegal en su territorio.
Aprovechando la situación de la emergencia sanitaria por el COVID-19 se ha visto cómo en diversos territorios del Ecuador las empresas extractivas han ingresado sin consentimiento de las comunidades. Esmeraldas no ha sido la excepción, Marlene Corozo, presidenta de la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas, denunció que “Los frentes mineros regresaron aprovechando la emergencia sanitaria. Todo esto ha vista y paciencia de las autoridades”.
Panorámica de una mina en el sector Los Ajos, San Lorenzo. 19 de noviembre del 2020. Foto: Cortesía Policía Nacional.
Por su parte Nathalia Bonilla de Acción Ecológica señaló las afectaciones ambientales en las zona y recalcó que en 2011 SENAGUA presentó un informe en donde se señaló que el 50% de los cuerpos de agua tienen metales pesados. Asimismo, que “las actividades mineras han afectado a 52 comunidades en el cantón de Eloy Alfaro y 37 comunidades en el cantón San Lorenzo”.
Han pasado 10 años del dictamen de medidas cautelares que prohíben las actividades mineras en la zona, y como lo denuncian las comunidades del norte de Esmeraldas, no se han cumplido. Isabel Padilla de la Pastoral Social de Esmeraldas señaló que la falta de acceso a la justicia por más de 10 años pasa por por un abandono del Estado y por la existencia de racismo ambiental.
El Ministro del Ambiente y Agua, Paulo Proaño, quien fue convocado para rendir cuentas a la comisión no asistió y mandó un subrogante al que no se le permitió participar ya que, por reglas de la comisión, tenía que asistir el representante de la cartera de estado.
Por su parte, el Ministro de Energía y Recursos No Renovables, René Ortiz, enfatizó que la ilegalidad de la minería es la que contamina el ambiente, asumiendo que la llamada minería “legal” no causa contaminación. También señaló que no se han dado más concesiones mineras en la zona, lo cual se aleja de la realidad ya que según datos presentados en la comparecencia se conoce al menos de 3 concesiones mineras otorgadas en el 2017: Carchi 1, Carchi 2, Carchi 3, además de la operación de la ENAMI, quien, según las comunidades afrodescendientes habría operado sin realizar una consulta previa libre e informada.
Luego de escuchar la participación de las organizaciones sociales y las respuestas del Ministro y Viceministro de Energía y Recursos No Renovables, la Comisión de Biodiversidad emitió una resolución para requerir las comparecencia virtuales del Ministro de Gobierno, la Presidenta del Consejo de la Judicatura, el Ministro del Ambiente y el Agua y nuevamente al Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, para que en el “ámbito de sus competencias informen sobre las acciones tomadas y por tomar para dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Multicompetente del cantón de San Lorenzo en el 2011.
Finalmente se conformó una subcomisión para realizar una visita in situ y un informe sobre la situación de contaminación generada por la minería, que deben de afrontar las comunidades indígenas y afrodescendientes del norte de la provincia de Esmeraldas.
