Uno es el discurso oficial y otra es la realidad en que viven las comunidades y los pueblos en muchas regiones del país. Si bien las condiciones de exclusión e injusticia no son nuevas para la mayoría de la población, esta realidad se ha visto agravada por la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19.
En el norte de la Amazonía, las comunidades kichwas asediadas por las operaciones petroleras, la contaminación de su territorio y la violencia de las empresas extractivas, saben distinguir muy bien lo que significa la inacción de las políticas públicas para defender los derechos. Por eso, desde esa experiencia acumulada, en las actuales circunstancias demandan a varias instancias de poder que respondan de manera efectiva y rápida, porque una vez más está en juego su vida. Su mensaje es muy claro; no da lugar a las evasivas.
Exigen que los GADs cantonales y parroquiales de Sucumbíos asignen presupuestos para implementar sistemas de conectividad inalámbrica a nivel comunitario, y ampliación de la cobertura rural para poder hacer frente a las emergencias de salud, garantizar el acceso a la tele educación, así como facilitar la formación de capacidades on line y emprendimientos diversos.
Los COE provinciales y cantonales de la Amazonía deben priorizar la adquisición de pruebas rápidas para que los subcentros del MSP, a través de brigadas barriales y comunitarias, las realicen a las familias, con recursos de la Secretaría de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Los GADs municipales a través de los patronatos municipales, junto con los subcentros del MSP, deben dar seguimiento con sus equipos médicos a las personas afectadas y garantizar la respectiva dotación de medicinas. En este caso, se debe hacer uso de los rubros que ingresan a las cuentas municipales por el cobro de sanciones a quienes irrespetan la cuarentena.
Las comunidades se preguntan si las autoridades escucharán sus pedidos.
