Serie Corona Virus #8
La emergencia de salud provocada por el virus COVID_19 y las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la pandemia a nivel nacional ponen en evidencia un sistema de saneamiento ambiental deficitario, lo que hace que las acciones propuestas para enfrentarla no puedan ser implementadas en todo el territorio nacional.
Lavarse las manos para evitar contagios, la limpieza y desinfección en el territorio nacional son medidas que se encuentran limitadas por falta de cobertura del sistema de red pública de distribución de agua. Solamente Quito y Guayaquil tienen certificación de calidad de agua potable apta para consumo humano otorgada por el INEN.
Por ejemplo, Monte Sinaí, un asentamiento urbano de más de 150.000 habitantes de Guayaquil, carece de servicios básicos fundamentales, entre ellos el acceso al líquido vital. Este asentamiento urbano fue creado en el año 2000 y solamente luego de la denuncia de los moradores el municipio comenzó a abastecerles de agua gratuita desde el 25 de marzo, pero en tanqueros y mientras dure la emergencia. Antes del COVID-19, sus habitantes pueden llegar a pagar hasta 5 USD el m3 de agua. Además, la ciudad de Guayaquil carece de sistemas de tratamiento de aguas residuales, como el 95% de las ciudades a nivel nacional, Quito incluida. La provincia de Guayas tiene una cobertura de agua por red pública de alrededor del 84% y de alcantarillado de 64%. Por su parte, la ciudad de Esmeraldas tampoco tiene cobertura de agua potable y alcantarillado para la mayoría de sus habitantes y carece de sistemas de tratamiento de aguas residuales. La provincia de Esmeraldas posee una cobertura de agua por red pública de 45% y de alcantarillado de 18%. Lo que la convierte en una de las provincias a nivel nacional menos atendidas en estas necesidades básicas.
En general podemos ver que la cobertura de agua por red pública es mayor en la Sierra y menor en la Costa y Amazonía del Ecuador. Y, si bien la cobertura de agua potable y alcantarillado ha aumentado en el sector urbano a nivel nacional, aún es deficitaria, y en el sector rural es sumamente baja. Es una brecha muy grande. Más todavía en cuanto a sistemas de tratamiento de excretas adecuados y de manejo de desechos sólidos.
Esta desigualdad ya se vio reflejada en el terremoto del 2016. Los cantones más afectados de las provincias de Esmeraldas y Manabí eran los más deficitarios en agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y manejo de la basura. Y aún lo son.
Otro problema que agrava la situación en el país es la contaminación de los ríos y fuentes de agua. Por ejemplo, en la costa, el Golfo de Guayaquil, incluidos los ríos Daule y Babahoyo son las áreas con más alta contaminación en el país, al igual que la cuenca del Río Portoviejo y la parte baja de los ríos Chone, Esmeraldas, Cayapas y Santiago. A su vez, la cuenca de los ríos Pindo, Chico y Puyango y las cuencas de los ríos Napo, Pastaza y Zamora, en la vertiente Amazónica son muy afectadas. En la Sierra, son las áreas de influencia de las ciudades de Quito, Ambato, Loja, e Ibarra, entre otros. La contaminación de los ríos del país se debe principalmente a las descargas industriales, plaguicidas y residuos urbanos.
La disponibilidad de agua limpia se agravaría con el acaparamiento de agua y la posible contaminación en zonas de recarga hídrica como son los páramos por parte de la industria minera, lo cual afectaría a cientos de miles de habitantes en las ciudades, por ejemplo, en la Provincia del Azuay.
En cuanto a la disposición de desechos sólidos, apenas el 15 % de los municipios en el país disponen de rellenos sanitarios, siendo de igual manera causa de contaminación de las fuentes de agua. El resto de los municipios simplemente bota desechos en las laderas de las quebradas, cuando no lo hace directamente en los ríos.
Cualquier manual básico de urbanismo establece que todo centro poblado debe resolver en primer lugar: 1) Acceso a agua potable, 2) Sistemas de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales y 3) Manejo y disposición final de residuos sólidos.
Pero todos sabemos cómo el gobierno nacional, y los gobiernos cantonales y parroquiales privilegian otras obras que no son prioritarias; aeropuertos, malecones, estadios, adoquinados, plazas y monumentos, infraestructura vial que solo promueven el uso del vehículo particular en lugar de garantizar el derecho al agua y a la salud.
El saneamiento integral es una cuestión de salud pública y de protección ambiental. La inversión que se haga es imprescindible, no solo para garantizar la salud, la calidad de vida de los habitantes y el ambiente, sino también para enfrentar contingencias como la actual del COVID-19. El Ecuador lleva décadas de retraso en implementar políticas y destinar recursos para resolver algo tan fundamental como los servicios básicos. Es cuestión de prioridades.
FUENTES:
• https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/FOLLETO-Agua-SENPLADES.pdf
• https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/1/150-000-habitantes-de-monte-sinai-reciben-agua-potable-gratis
