Por Ana María Carvajal / @anymini
Publicado originalmente en La Barra Espaciadora
El agua ganó. Después de más de dos décadas de intentos por frenar la actividad minera en la provincia de Azuay, los colectivos de defensa de los derechos de la naturaleza en Ecuador celebran un dictamen de la Corte Constitucional. La resolución abre camino a una consulta popular sobre los proyectos de explotación a mediana y gran escala que afectan las zonas de recarga hídrica.
Esta consulta tuvo al menos tres intentos previos que no prosperaron, debido a observaciones de los magistrados de esta Corte. Según Carlos Castro, abogado constitucionalista y exconcejal de Cuenca, en este proyecto se resumen luchas sociales de décadas y se imponen los derechos de los pueblos y de la naturaleza. La propuesta final, que fue impulsada desde el Concejo Municipal de Cuenca, se realizó con un trabajo multidisciplinario, en el que participaron juristas, biólogos, ambientalistas y otros profesionales que dieron forma a una iniciativa que nació de la sociedad civil.
La mañana del miércoles 23 de septiembre del 2020, él y otros panelistas se pronunciaron sobre la Consulta Popular que plantea prohibir las actividades mineras a mediana y gran escala en cinco zonas de recarga hídrica del cantón Cuenca (los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay). Se trata -dijeron- de un primer paso para que sean los habitantes de los territorios quienes decidan sobre las condiciones de vida que quieren tener y no tengan que aceptar lo que se decide desde los ámbitos gubernamentales.
Ahora, los promotores de la Consulta Popular esperan el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, que deberá elaborar un cronograma para el proceso. Y hacen votos para que sus autoridades respondan de manera ágil, que no haya demoras y se puedan incluir las cinco preguntas de la consulta entre las papeletas de las elecciones presidenciales de febrero del 2021.
Las cinco preguntas de la consulta
1. ¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca- ETAPA EP?
2 ¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Yanuncay, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca- ETAPA EP?
3 ¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tomebamba según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de CuencaETAPA EP?
4 ¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Machángara, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de CuencaETAPA EP?
5 ¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a mediana escala en la zona de recarga hídrica del río Norcay, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca- ETAPA EP?
Castro señaló que la consulta se refiere a las concesiones mineras actuales que están en las inmediaciones de varios ríos de Cuenca y algunas de ellas aún no han empezado a explotarse, pues aún están en fase de exploración. “No estamos hablando de futuro sino de concesiones actuales que atentan a las fuentes de recarga hídrica. Nadie puede venir con interpretaciones jurídicas ni leguleyadas”, dijo.
El dictamen de la Corte está fechado 18 de septiembre, pero fue notificado a los proponentes el lunes 21. Ese día, la empresa minera canadiense INV Metals emitió un comunicado en el que expone su posición.
La empresa, que tiene a su cargo la concesión Loma Larga, en Quimsacocha, considera que el dictamen ratifica los derechos de los titulares de concesiones mineras en Ecuador pues según su criterio, la consulta popular sobre la actividad minera solo se aplicaría en proyectos a futuro que aún no han sido concesionados, y agrega que no se pueden aplicar retroactivamente a las concesiones otorgadas antes del referéndum.
INV Metals es uno de los actores que han causado controversia en el austro por sus prácticas extractivistas en zonas que vulneran las fuentes de agua. Según sus comunicados, trabaja en esa concesión junto a los ministerios de Ambiente y de Recursos no Renovables e incluye estudios de impacto ambiental hechos antes de la obtención de los permisos.
El proyecto Loma Larga está en fase de exploración, pero hay otros que, según los activistas, entran dentro del dictamen, como Río Blanco (Molleturo), que ya estaba en fase de explotación a cargo de la firma Ecuagoldmining, pero que fue suspendido en el 2018 por una decisión judicial, tras una petición de la comunidad.
Paola Granizo, de Yasunidos Guapondelig, estuvo en las instalaciones de Acción Ecológica en la conferencia de prensa. Allí explicó que existen al menos 30 megaproyectos mineros en las cuencas altas de las fuentes hidrográficas de Azuay y dijo que eso es preocupante, porque pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas y la provisión de agua para la región. Por eso considera que el dictamen de la Corte supone una esperanza que permite reflexionar en el país sobre el impacto de la minería a mediana y gran escala y, sobre todo, porque abre el camino para que los pueblos puedan decidir sobre su futuro.
Granizo dijo que Azuay es una de las provincias más afectada por la megaminería en el país y calcula que el 20% del cantón Cuenca ya está concesionado. La mayoría de esos proyectos afecta a zonas de páramos, que albergan biodiversidad y son fuentes de recarga hídrica. “Cuando nos oponemos a la megaminería es por los impactos que ocasiona”, apuntó.
Javier Barrera, concejal de Cuenca, explicó que en ese cantón, desde las décadas de los cincuenta y sesenta, se trabajó desde Etapa (la empresa de agua del cantón) para dotar de agua a la ciudad y adquirir predios que permitan garantizar su cantidad y calidad. Según su criterio, este dictamen es un hito histórico en los planes de la ciudad por cuidar este recurso y, además, es importante porque se trata de una propuesta enviada a nombre del Concejo, pero que representa una iniciativa nacida en la ciudadanía.
En ella trabajaron organizaciones como el Cabildo del Agua y Yasunidos, que se respaldaron en catedráticos de Cuenca. En conjunto, elaboraron informes técnicos para que el expediente cuente con todas las observaciones que habían sido presentadas por los jueces de la Corte con tres dictámenes negativos previos. “Hoy, luego de pasar por el Concejo, se marcó un hito no solo en Cuenca sino en todos los que protejan el agua. Hemos solicitado reunión con CNE para afinar temas de orden operativo, logístico y financiero para que todos los cuencanos nos pronunciemos de manera libre sobre las cinco preguntas aprobadas por la Corte Constitucional”.
Según la resolución de la Corte, en la consulta popular se deberá incluir un anexo con el mapa de coordenadas de las zonas de recarga hídrica. Este estará a cargo de los departamentos técnicos de Etapa.
Este paso también se considera histórico porque daría impulso a otras comunidades para buscar consultas populares que les permitan decidir sobre sus territorios, según David Fajardo, del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca. Por eso, invitó a todos los territorios a presentar proyectos de consulta popular sobre protección de recursos hídricos, pues la Corte señaló cuál es el proceso que se debe seguir. Además, invitó al resto de activistas ambientales a colaborar con las comunidades en estos procesos. “La Corte logró entender que las consultas permiten a la gente decidir sobre sus derechos y los de la naturaleza. La campaña será una fiesta”, puntualizó.
