Por Cecilia Borja
La parroquia rural de Pacto está ubicada al noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, tiene una superficie de 346,14 km² y unos 4.798 habitantes. Es parte de la Mancomunidad del Chocó Andino, una de las zonas más importantes de biodiversidad en el mundo y la mayor parte de su territorio está declarado como área de conservación.
En esta zona del Chocó Andino de Quito predominan las actividades productivas sustentables que significan ingresos y desarrollo directo para este territorio, con más de 300 productos orgánicos como la panela que exportan a varios países de Europa; además del turismo agroecológico, existen al menos 25 atracciones culturales y 47 sitios naturales.
Sin embargo en Pacto, hace 20 años se realizan actividades mineras, por ejemplo, en la concesión Melina propiedad de Melinachangó. En el año 2002, el Ministerio de Energía y Minas otorga el título de las concesiones mineras: Melina (código 401429) y La Conquista (código 401501), a favor de Walter Calozuma, quien en 2008 junto con Robert Erazo constituyó la compañía ecuatoriana Melinachangó Santa Bárbara Cía. Ltda. También está el caso de la comunidad San Francisco de Pachijal en donde opera Natural Resources Company NRESC S.A., subsidiaria de la compañía canadiense Salazar Resources Limited.
En el caso Melina, las comunidades para defender su territorio, realizan desde el 19 de diciembre de 2020 un control en la Y de la Victoria, a través de un bloqueo pacífico de la vía, que mantienen por más de un año con once meses.
El Frente Antiminero Pacto por la Vida, el Agua y la Naturaleza denuncia que esta empresa realiza sus actividades sin licencia ambiental, como prueba presenta el Informe de Inspección Técnica del Ministerio de Energía y Minas (Nro.MERNNR-CZN-2020-0728-ME / 13-08-2020), en donde concluye que “la concesionaria aún NO CUENTA CON LICENCIAMIENTO AMBIENTAL para la ejecución de actividades de exploración-explotación simultánea, por lo que no podrá ejecutar: franqueo de galerías, perforación de sondajes, apertura de calicatas, trincheras, zanjas y cualquier otra actividad que tenga u impacto significativo en el ambiente”.
Además, indican que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) con oficio Nro. MAAE-DNCA-2021-0802-O del 05 de junio de 2021, ratificó la suspensión de las actividades mineras de la concesión Melina (código 401429), «con base a la establecido en la Disposición General Quinta de la Ley de Minería, en el artículo 396 de la Constitución, y en concordancia con artículo 187 del Código Orgánico del Ambiente y el artículo 140 del Reglamento de Actividades Mineras (RAAM)».
Frente a esta problemática, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Pacto, especialistas tutelares de la Defensoría del Pueblo de Ecuador y representantes del Frente Antiminero Pacto por la Vida, el Agua y la Naturaleza, presentaron una acción de protección con medidas cautelares ante la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón San Miguel de Los Bancos, provincia de Pichincha.
La acción de protección se presentó en contra del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), el entonces Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR) y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) por vulneración a los derechos de la Naturaleza, ambiente sano, consulta ambiental, seguridad jurídica y derecho al agua por la omisión del cumplimiento de regulación y control de las actividades mineras que se desarrollan en la parroquia de Pacto.
Pidieron la reparación integral en los siguientes términos:
- «Que se declare la vulneración de los derechos constitucionales de la Naturaleza, ambiente sano ecológicamente equilibrado, a la consulta ambiental previa y a la seguridad jurídica.
- Dejar sin efecto todos los Actos Administrativos Previos del título minero Melina titular de la Compañía Minera MELINACHANGO SANTA BARBARA CÍA. LTDA.
- Caducidad y extinción del título minero Melina titular de la Compañía Minera MELINACHANGO SANTA BARBARA CÍA. LTDA.
- Reparación Integral a los y las defensoras de la Naturaleza y derechos humanos que han custodiado el material aurífero ilegal extraído sin Licencia Ambiental por parte de la Compañía Minera MELINACHANGO SANTA BARBARA CÍA. LTDA, correspondiente a 250 días de vigilia permanente e indefinida.
- Adjudicación de los predios utilizados para la actividad extractiva minera sin título de propiedad a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural de Pacto, con la finalidad de restaurar al Bosque Protector Pishashi, los ecosistemas circundantes y el suelo».
Asimismo, hasta que se resuelva el fondo de la acción de protección solicitaron que se disponga: «La suspensión de las actividades mineras en la concesión Melina, relativos al ingreso, construcción de campamentos, extracción de material minero y movilización de material aurífero; el decomiso de los más de 3500 sacos de yute con material aurífero que se encuentran dentro de la concesión Melina y en custodia de las comunidades de Pacto; y, la suspensión inmediata de todo proceso administrativo relacionado con la exploración o extracción de minerales metálicos en la concesión Melina».
A la fecha, este trámite que fue apelado por las comunidades, se encuentra en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, debido a que la Jueza Constitucional de Primera Instancia Dra. Lorena Paredes, emitió sentencia negando la acción de protección, en los siguientes términos: “… los legitimados activos no buscan que se declare la violación de un derecho constitucional, sino buscan la impugnación de la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, realizado por la administración Pública, siendo estos: Dejar sin efecto todos los Actos Administrativos Previos del título minero Melina titular de la Compañía Minera MELINACHANGO SANTA BARBARA CÍA. LTDA; Caducidad y extinción del título minero Melina titular de la Compañía Minera MELINACHANGO SANTA BARBARA CÍA. LTDA.».
La resistencia de las comunidades ha sido un proceso fundamental para denunciar a las empresa mineras, fortalecer a las organizaciones sociales y a los liderazgos de las mujeres; entre otros logros, como la campaña «Quito sin Minería» que se encuentra en la fase de recolección de firmas para llamar a consulta popular, con lo cual se busca proteger a estos territorios de la minería metálica.
El 15 de agosto de 2022, en la Y de La Victoria se realizó un acto simbólico para conmemorar la resistencia de las comunidades de Pacto, que se encuentran resguardando su territorio en la Y de La Victoria. Este día recordaron que la empresa Melinachangó «trabaja sin licencia ambiental, extrayendo material aurífero de manera ilegal y contaminado el ambiente»; además denunciaron que «defensores/as de la naturaleza son criminalizados y hostigados por trabajadores de la empresa».
En el caso de la empresa Natural Resources, que es propietaria del proyecto Rumiñahui conformado por dos concesiones mineras: Betty’s (cód. 401672) y Rumiñahui (cód. 6451), con una superficie total de 2.910 hectáreas distribuidas entre la parroquia de Pacto (Quito) y el cantón San Miguel de Los Bancos, y que se encuentra en la fase previa a la exploración avanzada en la comunidad San Francisco de Pachijal. Según la denuncia de esta comunidad «las concesiones están dentro del Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) Sistema Hídrico y del Patrimonio Arqueológico Yumbo Pachijal. Son parte de la Reserva de Biósfera Chocó Andino de Pichincha y del Área de Importancia para la Conservación de las Aves Mashpi-Pachijal». Y que «en el territorio de San Francisco de Pachijal existen tolas, piscinas, petroglifos y más vestigios de los pobladores ancestrales. Están en amenaza y son afectados con la construcción de caminos y campamentos mineros».
Además, la comunidad denuncia que existen casos de personas defensoras de derechos humanos y de la Naturaleza judicializadas por Carlos Soria Venegas, Gerente General de Natural Resources, y Pedro Recalde Velásquez, trabajador de esta empresa. Se trata de al menos 17 personas acusadas de delitos como intimidación, violación a la propiedad privada y daño a bien ajeno.
Según se indica en el boletín de prensa del 19 de agosto de 2022: «El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en la inspección efectuada el 20 de octubre de 2021 concluyó que “las acciones relacionadas con las actividades mineras” de la empresa Natural Resources Company han afectado al patrimonio cultural arqueológico (terrazas y tolas). Motivo por el cual, en diciembre presentó una denuncia ante la Fiscalía por “Destrucción de Bienes del Patrimonio Cultural”, un delito tipificado y sancionado por el art. 237 del Código Orgánico Integral Penal. De igual manera, dado que la intervención de la empresa ha devenido en vulneración del patrimonio cultural arqueológico, inobservando su “obligación de protección de los bienes del patrimonio cultural nacional” (Ley Orgánica de Cultura, art. 66), solicitó al Ministerio de Cultura y Patrimonio que se dé inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionador y recomendó suspender toda obra que se estuviere llevando a cabo en el sitio arqueológico San Francisco de Pachijal».
De tal manera que, el 23 de agosto de 2022 en la ciudad de Quito, se instaló una mesa técnica e interinstitucional para continuar con la investigación de los daños al patrimonio cultural de esta comunidad, como resultado de esta reunión, técnicos del Instituto Metropolitano de Patrimonio visitarán San Francisco de Pachijal para realizar un proceso de recuperación y valorización arqueológica, esto como parte de la reparación integral por las afectaciones de la empresa Natural Resources al patrimonio.
Finalmente, es importante recalcar que, al ser Pacto una zona productora de caña de azúcar, una de las preocupaciones de los agricultores es que pierdan la certificación orgánica que ha permitido exportar panela a varios países de Europa, ya que la mayoría de ellos se dedican al cultivo de la caña de azúcar y a su industrialización, lo cual les permite incluso abastecer al mercado local y nacional. Según Rubén Tufiño, representante legal de la Cooperativa de Producción de Panela «El Paraíso» (COPROPAP), «nosotros exportamos panela orgánica a Italia y Francia, con lo cual les organizamos a los agricultores, productores y les permitimos tener una vida más digna por cuanto la comercialización es a largo plazo, ellos tienen asegurada la venta todo el año, todos los años. Esto lo podemos lograr gracias a la línea de comercio justo, ya que tenemos criterios económicos, sociales y ambientales».
El territorio de Pacto es muy biodiverso, tiene cientos de fuentes de agua, cascadas, riachuelos, bosques y un suelo muy productivo, debido a lo cual las comunidades piden protección desde el Estado ecuatoriano como ente llamado a garantizar los derechos humanos y de la Naturaleza; además de que este garantice de manera efectiva el derecho a la resistencia que vienen ejerciendo por varios años para proteger su territorio.
