Este miércoles 29 de abril de 2020, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos y varias personas afectadas presentaron una acción de protección con medidas cautelares a favor de aproximadamente 120 mil personas afectadas por el derrame de crudo, ocurrido el pasado 7 de abril en la Amazonía ecuatoriana.
Mons. Adalberto Jiménez Mendoza, Obispo de Orellana haciendo entrega de la Acción de Protección.
La medida presentada ante un juez en el cantón Francisco de Orellana, con el apoyo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, fue adoptada ante la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades así como, a los derechos de la naturaleza por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, EP Petroecuador y la empresa privada OCP – las entidades demandadas-.
“Ya estamos sufriendo varias enfermedades por el petróleo, ahora además tenemos que afrontar una pandemia. El Estado, nuevamente no nos ha incluido en sus planes de emergencia. Nos sentimos discriminados. Es por eso que, las familias de la FCUNAE decidimos hacer esta demanda, porque no queremos que esto vuelva a ocurrir”.
Carlos Jipa, Presidente de la FCUNAE y representante de los afectados
El impacto de esta omisión por parte del Estado y la empresa se ve reflejado en la crítica situación de salud de aproximadamente 105 comunidades – en su mayoría – de las Nacionalidades Kichwa y Shuar, pertenecientes a 21 parroquias que lindan con las riberas de los ríos Coca y Napo, quienes dependen del río como fuente de agua y alimento diariamente.
La Iglesia está llamada a estar junto a los más pobres, a los más vulnerables y a visibilizar los daños que reciben los indígenas por las múltiples contaminaciones de sus ríos, de sus tierras. Como Iglesia Amazónica, como Vicariato de Orellana junto con el Vicariato de Sucumbíos, queremos que se reconozca el daño causado a nuestras comunidades indígenas, que las autoridades locales, provinciales y del país, más aún en este momento de pandemia, quieren taparlo, invisibilizarlo y por eso debemos levantar esta voz de indignación.
Mons. Adalberto Jiménez Mendoza, Obispo de Orellana
El gobierno y la empresa estiman que se derramó alrededor de 15.000 barriles de crudo, que representaría el derrame más grande en el país durante los últimos 15 años. Sin embargo, la acción de protección aduce que el Estado no ha dado información oportuna ni transparente desde la fecha del incidente, y pone en duda los datos oficiales sobre la magnitud del derrame.
Las familias afectadas solicitan medidas cautelares debido a su grave situación de vulnerabilidad, no sólo por la contaminación del agua, que es su fuente fundamental de alimento, sino por la crisis agravada por la pandemia del COVID-19. También, dentro de la demanda, solicitan restauración ecológica de todos los componentes afectados del ecosistema, reparación integral para las personas afectadas y garantías de no repetición, dado que existe un riesgo inminente por una nueva ruptura.
