Por Cecilia Borja
Telimbela, es una parroquia rural que pertenece al cantón Chimbo, provincia de Bolívar. Fundada el 23 de abril de 1884, cuenta con 42 comunidades, con un clima subtropical y una población que tiene sus ancestros en los Asancotos, Chapacotos, Chimbus; entre otros asentamientos indígenas y de origen europeo.
Su producción agropecuaria es muy variada y se comercializa en toda la provincia y a nivel nacional; la caña de azúcar con la que fabrican panela y aguardiente, al igual que la leche, son sus principales fuentes de ingreso económico. También son exportadores de orito y guineo morado, y su territorio es muy atractivo para el turismo por sus bellos paisajes, cascadas y ríos.
“Nuestra parroquia Telimbela, es un pedacito de cielo, porque es productiva, de lo que usted siembra puede cosechar, sin problema, sin ningún químico. Nuestra zona es húmeda. Tenemos muy buena agua, gracias al Señor. Hay un sector de ganadería, en donde se mantienen de la leche y el queso. También hay caña de azúcar, que están haciendo el granulado, que estamos vendiendo en muchas partes. Del Valle hacia abajo, nuestra zona es agrícola (bananera). Exportamos el orito, el guineo morado a Europa, a Chile (…) Por eso no vamos a permitir minería en nuestro territorio, porque si nos contaminan el agua cómo podemos vivir, porque esa minería no nos va a dar ninguna riqueza que dicen, no, a nosotros nos va a producir más pobreza. En esta área (Valle abajo) trabajan unas 2 mil personas por semana, porque unos limpiamos los suelos, otros votamos hojas, otros enfundan y otros cargamos el orito a las empacadoras, ¿usted cree que la minería va a dar trabajo a 2 mil personas?, yo no creo”, manifiesta Luis Murillo, representante de la Asociación Bana Orito de Telimbela.
Así, con una superficie de 5 mil hectáreas dedicadas al cultivo de banano, hay casos de fincas en las que se producen hasta 2 mil cajas por semana; es decir que en conjunto se exportan de 10 a 12 contenedores semanales, de acuerdo con el pedido de los países a los que envían la fruta.
El peligro de la minería
En la provincia de Bolívar, las empresas extractivas aparecen por los años 70, cuando vieron su potencial minero por encantararse en la Cordillera de los Andes; así, para el año 2006 y hasta la actualidad se registran conflictos socioambientales por la presencia de la empresa Salazar Resources, con su subsidiaria Curimining S.A., a cargo del proyecto de segunda generación Curipamba Sur (14.812,48 hectáreas, distribuidas entre los cantones Las Naves, Echeandía y Guaranda), y que últimamente realiza trabajos de exploración avanzada, en la comunidad Naves Chico, cantón Las Naves.
Además, es preocupante la presencia de la empresa Yankuang que tiene a su cargo los proyectos Telimbela (4.033 hectáreas) y El Torneado (17.878 hectáreas), ubicados en los cantones Chimbo, San Miguel y Caluma, para extraer cobre y molibdeno. Mientras que Sol Gold, a través de su subsidiaria Valle Rico Resources tiene a su cargo 28 concesiones, ubicadas en los cantones Chillanes, Guaranda, San Miguel, Caluma y Echeandía.
Sin embargo, según datos del Catastro Minero Nacional a diciembre de 2019 existían 32 concesiones, que suman más de 100 mil hectáreas en los siete cantones de esta provincia, para gran y mediana minería, entregadas a las transnacionales originarias de Canadá, Australia, Chile y China; entre ellas: Luminex Resources, Forescue Metals Group, Yankuang Group, Codelco y Sol Gold. Se considera que los datos del Catastro Minero son inexactos y que el número de concesiones para minería metálica a la fecha superan las 70.
Las empresas mineras ingresan al territorio de Bolívar, a partir de la entrega de concesiones sin consulta por parte del Estado, con el consentimiento de las autoridades nacionales y locales, juntos han aplicado estrategias de socialización en beneficio de la explotación minera, vulnerando los derechos de las comunidades. En el caso de la parroquia Telimbela, el rechazo por parte de la población campesina a la presencia de la empresa de origen chino Yankuang, ha generado un movimiento fuerte de resistencia que se articula a nivel provincial con otras poblaciones afectadas por la minería.
“Nosotros nos damos cuenta porque en nuestro río que tenemos muy cerca, los muchachos que se van a la pesca encuentran a los peces muertos, y eso fue para despertar (…). Nos unimos unas 50 personas y nos fuimos al punto donde han estado explorando, ahí entramos al pozo 6 personas y 2 policías, porque los policías de Telimbela al ver que subimos nos siguieron, ahí vimos cómo votaban el desperdicio al agua. Encontramos las mangueras conectadas desde donde estaban haciendo sus lavados al río. Desde ahí viene el despertar, vienen los enfrentamientos, vienen los conflictos. Viene la resistencia. Eso no ha parado ni va a parar mientras estemos con vida”, indica Luis Murillo.
Yankuang Donghua Construction Co. Ltd. está registrada en la Superintendencia de Compañías en Quito (por lo tanto, es una compañía ecuatoriana), es sucursal de Yankuang Group Co. Ltd. que tiene operaciones en Venezuela, en el Arco Minero del Orinoco (Proyecto AMO, que se divide en cuatro áreas). Según el Informe EPU – 2018 (Vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en la Cuenca Amazónica por inversiones chinas), Yankuang explorará y explotará el área 4 donde predomina oro, cobre, bauxita, dolomita y caolín, y que abarca la Reserva Forestal Sierra de Imataca. AMO ha generado oposición en las comunidades indígenas por alterar su modo de vida tradicional e incumplir con la participación, consulta y consentimiento, así como por la falta de Estudios de Impacto Ambiental (EIA). El incumplimiento de estas obligaciones generó movilizaciones, en una de ellas el líder indígena Freedy Menare, fundador de la Organización Indígena Pueblo Uwottuja del Sipapo, quien se oponía al proyecto AMO, fue asesinado por un disparo en la espalda.
En Bolívar, según los registros de la Empresa Nacional Minera – ENAMI EP, anterior titular del proyecto Telimbela, el entonces Gobernador de la provincia Anibal Coronel junto con otras autoridades locales, serían los responsables al dar el visto bueno para que Yankuang, que a la fecha estaba comprando los títulos mineros a ENAMI, ingrese a ese territorio.
Al ser las autoridades parte de procesos de socialización y con claras intenciones de favorecer a las empresas mineras, sin medir los impactos sociales y ambientales, y sobre todo sin el ejercicio del derecho a la consulta desde el Estado ecuatoriano, se generan conflictos con graves consecuencias en especial para las comunidades que se oponen a la extracción de minerales en sus territorios. En este caso, existen personas denunciadas por la empresa a las que ésta pretende llevar a juicio con acusaciones de asociación ilícita y daño a bien ajeno (Juicio No. 02305-2019-00219 / Investigación Previa No. 020101819090116 / Investigación Previa No. 020301819090023); además de un clima de incertidumbre, una campaña de desprestigio en contra de los defensores de la naturaleza, violencia entre quienes están a favor de la minería y los que están en contra, y lo que generó el interés de los medios de comunicación a nivel nacional: la quema de un contenedor que al parecer pretendía ingresar con equipamiento de la empresa Yankuang, con resguardo de un vehículo blindado de la policía que también fue incendiado.
“No somos violentos. Ellos insisten, abusando, pidiendo a los policías, a los militares, pero no nos van a sorprender. Nos han querido humillar, hay detenidos, pero ya están libres gracias a Dios, y seguimos. Tenemos que defendernos. En el caso de la quema no le puedo explicar, porque yo, hasta el día de hoy no he llegado al punto donde ha sido, porque eso fue en la vía Caluma – Choropamba (…) pueden ser ellos mismos que se queman, que queman esos tráilers para decir que nosotros somos los violentos, entonces eso habría que comprobar de dónde salió (…), queremos vivir en paz, queremos agua, porque con nuestra producción podemos sobrevivir muy bien como lo hacemos desde antes”, puntualiza Murillo.
Producto de la resistencia y debido a que existe por parte de los defensores de la naturaleza un control minucioso en todo el territorio, la empresa minera ha salido de Telimbela; según testigos, Yankuang a la fecha, no está trabajando y retiró los equipos que tenían para la exploración avanzada. Sin embargo, el futuro aún es incierto, porque si no se revierten las concesiones mineras desde el Estado o no se consulta a las comunidades, se continuarán vulnerando sus derechos y empujando a la destrucción a un territorio tan biodiverso que tiene grandes potencialidades de desarrollo agroecológico y turístico, cuya explotación minera afectará no sólo a Bolívar, sino a las provincias de Los Ríos y Guayas, que recibirían toda la contaminación aguas abajo.
