Serie Corona Virus #7
La nueva crisis que enfrentamos en Ecuador y en el mundo con el coronavirus no ha venido más que a sumarse a la ya existente crisis climática y crisis de cuidados que llevan tiempo evidenciando la insostenibilidad del mantenimiento del actual modelo político, económico y social. El coronavirus pone de manifiesto la terrible fragilidad del sistema, que ante la constante destrucción de lo público y de los comunes, no tiene herramientas para abordar propuestas integrales y diversas desde una dimensión de justicia social.
En medio de esta crisis se evidencia cómo las medidas adoptadas por el Gobierno, para hacer frente a la situación emergente, no contemplan una lectura plurinacional, de clase ni territorial del confinamiento, ni por supuesto contemplan aspectos de género, diversidades o racialidad en las políticas emprendidas. Este tipo de medidas pueden venir a agravar las condiciones estructurales de vulnerabilidad de pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades, mujeres, clases populares y comunidades en riesgo.
Preocupa la cantidad de medidas políticas represivas y de control social que se están implementando en Ecuador y en el resto de países: decretos de estados de excepción de amplísima duración (60 días en el Ecuador), militarización, toques de queda, suspensión de garantías de derechos. Este tipo de medidas pueden servir como acicate de abusos policiales contra la población más vulnerable, como se comprueba en los vídeos que circulan en Ecuador estos días, en donde se miran abusos de policías y militares durante el toque de queda. Expertos de la ONU ya están alertando que “las declaraciones de emergencia basadas en el brote de COVID-19 no deben usarse como base para atacar a grupos particulares, minorías o individuos. No debe funcionar como una excusa para la acción represiva bajo pretexto de proteger la salud, ni debe usarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos”1.
Las medidas preventivas, tanto las sanitarias como de confinamiento, no están contemplando en ningún caso la pluralidad de circunstancias, ni culturales, ni sociales, de quienes viven en los diversos territorios. Así, el constante lavado de manos en comunidades, como las afectadas por actividades petroleras, en donde el agua no solo no es accesible sino que está contaminada con hidrocarburos, es una medida cuanto menos irrisoria para un Estado que ni siquiera está proveyendo en estos territorios agua para consumo humano. El gel de alcohol y el costo que éste supone es inasumible para mucha de población que no solamente no tiene acceso a este tipo de productos sino que, por sus costos están, sin duda alguna, fuera del alcance de muchos. Esto, sin tomar en cuenta los procesos especulativos globales que los han encarecido en las últimas semanas.
Las medidas y distancias de seguridad son realmente complejas de implementar si pensamos en familias ampliadas en las comunidades amazónicas o andinas.
Las cuarentenas no son iguales para todas las clases sociales. El Estado no está realizando una lectura desde una perspectiva del territorio, el espacio o la comunalidad. Los espacios públicos son, en muchas ocasiones, una extensión vital ante la precariedad de la vivienda, si es que se dispone de ésta. Muchos de nuestros pueblos y nacionalidades, los territorios y el espacio se habita en lo social, o las viviendas son finalmente comunitarias. Los onko (viviendas) de los clanes waorani, son el mejor ejemplo.
Por otro lado, es preocupante también la posición y situación de las mujeres en este contexto de cuarentena, pues las mujeres son las que cargan con los cuidados. Los cierres de las escuelas, colegios y guarderías, implica que las mujeres deban asumir tareas de educación, de cuidado de personas adultas mayores y enfermas, el mantenimiento y bienestar del hogar durante el encierro que amplía el trabajo reproductivo, el trabajo voluntario de apoyo a otras mujeres, entre otras cosas. Significan también en muchos casos una intensificación en la asunción de cuidados que se suma a las tareas y trabajos que ya de por sí tienen las mujeres.
Las medidas adoptadas en ningún caso contemplan toda esta carga que recae sobre las mujeres de manera acentuada en tiempos de pandemia y que sigue siendo invisibilizada por el sistema, no valorada ni mucho menos valorizada. Por no hablar de las situaciones de violencia que pueden vivir las mujeres confinadas con sus violentadores, para las que el Estado no está previendo ningún tipo de medida.
En el actual contexto se evidencia más que nunca la inequidad en el acceso al agua, derecho que debiera ser fundamental (como lo establece la Constitución) pero que, en la realidad es inaccesible para una gran parte de la población, especialmente aquellas poblaciones afectadas por conflictos ambientales. Son las mujeres quienes tienen a su cargo, en muchas ocasiones, la gestión del agua en sus casas y comunidades, y por tanto son ellas las más afectadas por la actual pandemia.
Es tiempo de considerar que, en quienes existe mayor vulnerabilidad, también se encuentran saberes para abordar, enfrentar y superar estas crisis. Así mismo, para poder generar cambios en las estructuras. Los pueblos indígenas conocen mejor que nadie sobre los procesos de construcción de autonomías, espiritualidad, cuidado de la selva, los territorios y el agua. Las nacionalidades indígenas, afrodescendientes, así como las poblaciones campesinas y las mujeres, atesoran saberes sobre los cuidados, la naturaleza y la reproducción de la vida, con las cuales poder enfrentar las crisis climáticas, pandémicas o de cuidados. En la población más vulnerable también está, posiblemente, la respuesta.
Notas:
