El 13 de septiembre del 2021, el Juez Constitucional de los Sachas, Ab. Bolívar Augusto Espinoza Astudillo emitió una sentencia en favor de la comunidad Virgen del Carmen ubicada en el Cantón La Joya de los Sachas. En dicha sentencia se reconoce que la empresa petrolera de origen chileno ENAP SIPEC, por medios de sus actividades, vulnera varios derechos constitucionales, entre ellos el derechos a un ambiente sano y ecologicamente equilibrado, derecho a la salud, derecho a la paz y la tranquilidad, derecho al buen vivir, derecho a la soberanía y seguridad alimentaria y derechos de la naturaleza entre otros.
La empresa ENAP SIPEC, de capital chileno, tiene un contrato con el estado ecuatoriano para operar el pozo “Mauro Dávalos Cordero” ubicado en el Cantón La Joya de los Sachas. A un costado de este pozo se encuentra el recinto Virgen del Carmen, cuya población se encuentra asentada en ese territorio mucho antes de que la empresa llegara.
Entre las afectaciones que denuncia la comunidad en la Acción de Protección se encuentra la quema de cases y elementos contaminantes por los mecheros, que afectan a la comunidad, el medio ambiente, el agua y los cultivos. La presencia de generadores de electricidad que tiene ruido tan fuerte que la comunidad no puede descansar. La existencia de un relleno sanitario para compostaje, pero que emite un mal olor y existe una impresionante presencia de moscas que también afectan a las familias cercanas. Estos elementos fueron planteados en dicha acción, que el día de ayer se hizo pública y contiene diferentes medidas de reparación
En la sentencia el juez dispone que la empresa y el Estado Ecuatoriano realicen una reparación integra de toda la zona lo antes posible para evitar que continúe la vulneración de derechos constitucionales en el sector.
El abogado defensor de las comunidades Pablo Fajardo comentó que esta sentencia “es un paso muy importante y un triunfo de las comunidades del Cantón La Joya de Los Sachas, pese a los obstáculos, logramos esta victoria y es importante en el acceso a la justicia por un ambiente sano”.
Son pocas las familias del sector que se unieron a la Acción de Protección, que de acuerdo al abogado Pablo Fajardo se debe a que «la empresa compra impunidad y esta pagando a los habitantes con trabajos insignificantes para poder seguir contaminando».
A pesar de esto, la sentencia significa un paso importante para estas personas. La comunidad tiene que esperar la ejecución de la sentencia, al igual que la ejecución de la Acción de Protección que se ganó meses atrás para apagar los mecheros en toda la Amazonía. Nota que documentmos y puedes leer aquí
